Consulta popular 2024: el rol de los militares vuelve a debatirse como estrategia contra la violencia

De las 11 preguntas de la consulta popular propuesta por el presidente Daniel Noboa, 10 tienen relación con la seguridad y en cinco se menciona a las Fuerzas Armadas (FF.AA): dos señalan en específico las funciones y atribuciones, en una se hace referencia a beneficios para los militares y las otras dos son sobre el armamento que utilizan.

Con el planteamiento del Mandatario y la pregunta de referéndum por la reforma parcial en la Constitución, que se aprobó en la Asamblea Nacional, los militares nuevamente vuelven a estar en el centro de la discusión.

La propuesta de que los miembros de las Fuerzas Armadas ayuden en la lucha contra el crimen organizado, apoyando a la Policía Nacional, no es nueva.

Se discutía cada que el expresidente Guillermo Lasso decretaba estado de excepción y disponía que los uniformados hagan los controles respectivos en las calles del país.

Pero se habló en serio de aquello en diciembre de 2022, cuando Lasso entregó a la Asamblea Nacional, que luego fue cesada, el proyecto de reforma parcial en la Constitución para que las Fuerzas Armadas colaboren con la Policía Nacional

Lasso presentó esa propuesta luego de que la Corte Constitucional resolvió que ese era el camino para la reforma.

Un año después, en diciembre de 2023, el nuevo Legislativo tramitó la reforma, aprobándola con 125 votos a favor. Ahora el texto se incluirá como referéndum en el próximo llamado a elecciones.

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El experto en seguridad Jean Paul Pinto explica que militarizar no es la respuesta adecuada ante la ola de violencia; sin embargo, añade que la situación actual, con la Policía desbordada, se convierte en la solución inmediata más viable.

Daniel Pontón, docente universitario del Instituto de Altos Estudios Nacionales, explica que el entrenamiento que tienen los militares es diferente al de los policías. Sin embargo, tendrán que preparar a los uniformados para actuar de manera oportuna.

La consulta popular incumbe a las Fuerzas Armadas en cinco aspectos.

El anexo indica que el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) definirá las zonas en las que intervendrán las Fuerzas Armadas, la delimitación de las acciones para prevenir y erradicar las actividades ilícitas, y los mecanismos de fiscalización del cumplimiento de los derechos humanos.

Pinto cuestiona que ya hay un decreto ejecutivo en ese sentido, pero que no se ha aplicado porque no hay voluntad política para hacerlo.

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La abogada penalista Paola Yajamín coincide con Pinto y considera que si había necesidad de especificar las acciones de los militares, pudo hacerse vía decreto ejecutivo.

Daniel Pontón, en cambio, observa que darle al Cosepe la posibilidad de definir qué es la 'prevención' y cómo fiscalizar la aplicación de derechos humanos, puede ser discrecional y hasta peligroso.

El decano de la facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEK, Esteban Ron, considera que sí era necesario tramitar esta pregunta vía consulta popular porque se necesitaba dictamen previo de la Corte Constitucional.

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Si gana el sí, los militares harían controles de armas y municiones en las cercanías de los centros penitenciarios. La intención es evitar que llegue el armamento hasta las cárceles.

La doctora Yajamín cree que no hay un control adecuado de armas en esos espacios y que no ha sido algo que se ha hecho permanentemente; sin embargo, Ron considera que con la Ley de Seguridad Pública y del Estado se podrían amparar esas acciones.

Esta pregunta no tiene anexos, sin embargo, con base en la fundamentación presentada por la Presidencia, Yajamín considera que la vía sería una reforma al Código Orgánico Integral Penal, es decir, se enviaría un proyecto a la Asamblea para concretarlo.

Para la tercera pregunta tampoco era necesaria la consulta popular. La intención es dar mayores beneficios a los uniformados de Policía, Fuerzas Armadas y Guías Penitenciarios, para que, en caso de que sean procesados penalmente, no vayan a prisión preventiva ni arresto domiciliario.

"Creo que se les olvidó a los asesores del Presidente que tenemos una ley vigente", asegura la abogada Yajamín, haciendo alusión a la Ley que regula el uso legítimo de la fuerza.

La especialista sostiene que con ese instrumento legal se puede evitar que los uniformados terminen en prisión preventiva o arresto domiciliario.

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La sexta y séptima pregunta tienen relación con el armamento que utiliza la Policía y Fuerzas Armadas. La número seis se trata de tipificar el uso de armamento exclusivo para los uniformados; mientras que en la séptima se da la oportunidad de que las armas incautadas lleguen a usarse por parte de Policías.

Lo primero, según Yajamín, es que resulta inoficioso porque ya está tipificado el delito y no ve cómo podría representar un verdadero cambio.

Lo segundo, a su criterio, es una propuesta positiva, pero la consulta popular no es la vía adecuada.

El experto Pinto, en cambio, cree que saltar la cadena de custodia para usar las armas no sería tan sencillo, pero cree que es un paliativo ante la falta de recursos.