02 ago 2023 , 06:00

Elecciones Ecuador 2023: no todas las organizaciones políticas tienen capacidad de control del voto en las urnas

El éxito de un proceso electoral está en la capacidad de vigilar que se respete la voluntad popular en las urnas, por parte de las organizaciones políticas y en las garantías que dé el CNE

Faltan 18 días para las elecciones de Ecuador 2023, en las que se escogerá al próximo Presidente de la República y a los futuros asambleístas. Ese día, las organizaciones políticas, sociales e internacionales vigilarán que el proceso sea transparente.

Hay organizaciones políticas que tienen mayor posibilidad que otras al momento de realizar este control. Por ejemplo, la Revolución Ciudadana tiene la capacidad de poner una persona para cada mesa electoral y generalmente ese delegado está bien capacitado sobre lo que debe hacer.

Otra organización que tiene una estructura conformada es el Partido Social Cristiano (PSC). De hecho, en las elecciones generales de 2021, fue el control ejercido por los militantes de ese partido, lo que permitió que el entonces candidato Guillermo Lasso exigiera un conteo voto a voto para pasar a segunda vuelta, en disputa con Yaku Pérez.

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Vicente Almeyda, director Nacional de Control Electoral y Político del Partido Social Cristiano, explica que manejan un centro de cómputo al que llega toda la información recolectada a escala nacional por la gente de campo. Son en total unas 30 mil personas las que participarán, según Almeyda, de forma voluntaria.

Yaku Pérez también aprendió de lo ocurrido en 2021. "Tratamos de ser más rigurosos", dijo el candidato en un conversatorio con representantes de los medios de comunicación. Por ello, hoy trabajan en coordinación los movimientos y partidos que integran la alianza Claro que se puede. Es decir: Unidad Popular, Democracia Sí y el Partido Socialista.

Han priorizado cuatro provincias para vigilar de cerca el proceso: Los Ríos, Pichincha, Guayas y Manabí. Yaku Pérez cuenta que su esposa, Manuela Picq, está a cargo del control electoral y que mantienen conversaciones con expertos informáticos y jurídicos, aunque no especifica cuántas personas estarán al frente de ese cometido.

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Para la candidatura de Otto Sonnenholzner, las organizaciones políticas Avanza y SUMA cuentan con una menor capacidad de monitoreo. Lo mismo ocurre con el movimiento RETO de Xavier Hervas, Construye de Fernando Villavicencio, Amigo de Bolívar Armijos. Daniel Noboa heredó algo de la estructura del partido de su papá, el Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN), sin embargo, los analistas consideran que no es suficiente.

Villavicencio proponía que sean las Fuerzas Armadas las encargadas de vigilar el proceso, algo que no tiene sentido para Mauricio Alarcón y el decano de la Facultad Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEK, Esteban Ron. Creen que eso no está contemplado en la ley.

El control electoral no es únicamente en el día de las votaciones

Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, explica que la veeduría debe ejercerse durante todo el proceso, como una responsabilidad del organismo a cargo, es decir, del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Pone un ejemplo: si alguna organización política compra votos, eso sería imposible detectar el día de las elecciones, en este caso el 20 de agosto, donde los observadores verán cada paso del proceso. Pero si hubiera mecanismos de vigilancia previos se detectarían a tiempo.

También cree importante mantener una activa vigilancia a la violencia política contra los candidatos y las organizaciones; y de la propaganda electoral, incluso en redes sociales.

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El rol que juegan las organizaciones políticas en el control electoral

La ley faculta a las organizaciones políticas para que sus delegados participen en el monitoreo de las elecciones, sin interferir en ellas. De esta manera, los representantes de los partidos y movimientos acuden al inicio de la jornada para verificar que los paquetes electorales lleguen íntegros, así como la coincidencia del número de afiliados en cada mesa con el de las papeletas y que estas estén vacías.

También observarán que los miembros de las juntas receptoras del voto estén completos y, durante la jornada, que todo se desarrolle con normalidad.

El trabajo más pesado para los observadores de las organizaciones políticas llega a las 17:00, cuando se acaban las votaciones y se abren las urnas.

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Se observa todo: el conteo de los votos, el llenado de las actas, el envío de la información y la oficialización de resultados.

"Los partidos y movimientos políticos tienen la obligación de vigilar y observar los sistemas informáticos", explica Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD).

Aguinaga coincide y dice que la única manera de verificar que los datos sean correctos es teniendo un sistema propio que permita el procesamiento de la información, a la par del CNE. Si no tienen esa capacidad, no pueden aseverar que hay fraude o que el proceso es transparente.

Las organizaciones internacionales como veedores

En las elecciones anticipadas de 2023 participarán alrededor de 1 500 veedores internacionales y nacionales que garantizarán que el proceso se desarrolle con normalidad.

Estarán, por ejemplo, la Misión de Expertos Electorales de la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas (AMEA), Parlamento Andino.

Quienes deseen participar deben registrarse en el Consejo Nacional Electoral.

¿Sabías que?
El Código de la Democracia establece que: "Los observadores electorales, al momento de su acreditación, deben dejar sentado su compromiso de actuar con objetividad, imparcialidad y transparencia. Los observadores no podrán incidir de manera alguna en la voluntad de los electores ni en las decisiones que adoptan los vocales de las juntas receptoras del voto o los coordinadores de recinto".

Para los expertos, el rol de esas organizaciones es clave, pero distinto al de los delegados de los partidos. Alarcón explica que verificarán que los electores hayan podido ejercer su derecho al voto, más que la vigilancia partidista.

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