11 may 2016 , 11:00

Militares en servicio pasivo presentan recurso por débito al Issfa

Según Correa, los USD 41 millones descontados son la tercera parte de lo asignado.

Un grupo de militares en servicio pasivo se concentró en el Círculo Militar de la capital, para en caravana dirigirse hasta la Unidad Judicial Civil de Pichincha y presentar un recurso jurídico en rechazo al débito de los 41 millones de dólares que realizó el Gobierno nacional de las asignaciones al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa).

 

Los militares caminaron por la avenida Orellana, en Quito, y avanzaron por la Amazonas hasta llegar a la dependencia judicial y presentar su recurso. Durante la movilización gritaban consignas en rechazo a la decisión del régimen. 

 

Por su parte, el presidente de la República, Rafael Correa, se pronunció sobre el tema en su cuenta de Twitter. Si bien reconoce el derecho de los militares retirados a presentar el recurso que consideren necesario, defendió lo actuado y manifestó que los 41 millones de dólares debitados corresponden a la tercera parte de los 120 millones mensuales que el Gobierno le asigna al Instituto.

 

 

 

El ministro de Defensa, Ricardo Patiño, confirmó en Ecuavisa este 10 de mayo, que el débito fue realizado por el Ministerio de Finanzas y que dichos recursos fueron transferidos al Ministerio del Ambiente, entidad que realizó la transacción de compra-venta, en el periodo de Marcela Aguiñaga -en 2010, con el Issfa por 66 lotes de terrenos en el sector de Samanes, norte de Guayaquil.

 

Según Patiño, se trata del valor que determinó tanto la Procuraduría como la Contraloría General del Estado, en su reciente examen especial, como exceso de pago del ministerio del Ambiente al Issfa por la venta de 66 lotes de terreno en el sector de los Samanes.

 

La decisión de debitar al Issfa los 41 millones de dólares fue anunciada por el gobierno en febrero de 2016, dicho anuncio fue rechazado por la Cúpula Militar de ese entonces. Por este pronunciamiento, el Alto Mando fue cesado por el presidente de la República, Rafael Correa. Esto generó tensión entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas.   

 

 

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