Comunidad Sarayaku denuncia incumplimiento de sentencia por parte del Gobierno

Seis meses después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado ecuatoriano por el ingreso de una petrolera argentina al territorio Sarayaku en Pastaza, varios puntos importantes están con “saldo en rojo”, según su presidente José Gualinga.

“Por ejemplo, la indemnización, el retiro de los explosivos y la disculpa pública que tiene que ser pronunciado por el Presidente del Ecuador”, manifestó Gualinga.

El líder Sarayaku precisó que el Gobierno no ha conformado una comisión de alto nivel, multisectorial, para que en consenso con la comunidad se trace la hoja de ruta con el retiro de más de 1.400 kilos de pentolita que la petrolera enterró en su territorio.

“Tenemos seis meses de planificación para implementar el retiro de los explosivos en dos fases importantes que la Corte exigió”, señaló el representante indígena.

De su lado, Marlón Santi dijo que de $ 1'400.000 de indemnización que debe pagar el Gobierno, solo han sido desembolsados $ 18.000 para el pago de sus abogados.

“Vemos muy lejano el cumplimiento de la sentencia en el caso Sarayaku, nosotros vamos a seguir enviando los informes a la Corte. Creo que no hay una voluntad política del Gobierno Nacional para cumplir la sentencia”, dijo Santi.

Para el nuevo secretario ejecutivo del Ecorae (Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico), Jorge Calvas, el gobierno va a cumplir con lo que determina la sentencia y para ello se formará una comisión de alto nivel, integrada por funcionarios del Consejo Sectorial de la Política: “Le vamos a dar toda la prioridad para que estos pueblos sientan que existe un país signatario, principalmente de los derechos humanos”.

Con respecto al retraso denunciado por los indígenas, Calvas agregó que se revisará el avance del proceso y que se dinamizará el cumplimiento de la sentencia.