El juicio a Murillo, el reemplazo de Morillo y las reformas al COIP: ¿nuevos intentos de tomarse la justicia?

Algunas voces han alertado de un posible nuevo intento de tomarse la justicia. Las aristas de ese supuesto plan incluyen legislar a favor de la impunidad y tomar control del concurso para la designación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia.

Han sido días importantes para ese objetivo. Ayer, 15 de febrero, la Asamblea suspendió el debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que incluyen artículos que han provocado críticas desde varios sectores; este viernes 16, en cambio, vence el plazo de la impugnación ciudadana a la terna que presentó la Defensoría Pública para la designación del vocal suplente del Consejo de la Judicatura, en reemplazo del exconsejero Juan José Morillo; y el domingo 18 se cumplen los días para la entrega del informe que recomiende o no el juicio político contra el vocal Fausto Murillo.

El debate sobre las reformas al COIP no prosperó en la Asamblea Nacional. El presidente del Legislativo, Henry Kronfle, suspendió la sesión sin dar paso a la votación de la moción que presentó el presidente de la Comisión de Justicia, Fernando Cedeño, porque ya se auguraba que no contaba con los votos.

La propuesta consistía en separar en dos la votación. En un primer bloque constaban los artículos reformatorios que incrementan las penas y que robustecen el ámbito penal. Y en el segundo se incluyeron cinco temas que generaron polémica, por ejemplo, la ventana para la revisión de sentencias por pronunciamientos de organizaciones internacionales, sin que haya una nueva causa; o dar la oportunidad de que ciertas instituciones accedan a información reservada de la Fiscalía.

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Sin embargo, en ese primer grupo de artículos se incluyó la disposición general que regula las nuevas causales de revisión de sentencias; es decir, en cualquiera de las dos opciones había una intención de impunidad, porque se abría una puerta para que el expresidente Rafael Correa se beneficie y pueda librarse de su condena por el caso Sobornos.

La misma Fiscal Diana Salazar emitió la alerta de que había intenciones de manipular la justicia. Ese comunicado fue determinante en la opinión pública para evitar que el documento que se había trabajado en la Comisión de Justicia se apruebe.

Si bien el trámite aún está inconcluso, la Revolución Ciudadana (RC) tiene la compleja tarea de convencer a 20 legisladores y así aprobar su reforma íntegramente; caso contrario, se pone en riesgo la aprobación de los artículos que sí podrían contribuir en la crisis de inseguridad.

El consejero de la Judicatura, Fausto Murillo, considera que hay una intención clara del Partido Social Cristiano y del correísmo por interceder en los procesos de selección de jueces, especialmente en el concurso para reemplazar a los miembros de la Corte Nacional de Justicia.

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Argumenta que es la tercera vez que intentan destituirlo. En la primera fue removido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), pero restituido por decisión de un juez constitucional. Luego enfrentó el primer juicio político, en el que no alcanzaron los votos.

Finalmente, Murillo vuelve a enfrentarse a una nueva Asamblea Nacional, pero con los mismos rostros que impulsaban su salida el periodo anterior, por ejemplo, la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Viviana Veloz.

Entre los señalamientos a Murillo está que no denunció a sus compañeros Morillo y Maribel Barreno, investigados por presunto tráfico de influencias, lo que le haría responsable político del caso.

También se le acusa de la falta de insumos en las instituciones del sistema judicial y la no homologación de salarios de 4 375 funcionarios.

Además, por supuestamente arrogarse funciones al haber ejercido como presidente de la Judicatura. Murillo se defiende indicando que fue el Pleno el que lo nombró temporalmente.

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El vocal de la Judicatura es el único de los miembros titulares que queda. Sus compañeros anteriores, Wilman Terán, Xavier Muñoz, Barreno y Morillo, son investigados por la Fiscalía en diferentes casos. Eso, para el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Paúl Ocaña, hay que reconocer.

Si la Asamblea logra destituir al consejero, entra al pleno Elsy Celi, quien, según Murillo, en su momento se hizo a la mayoría de Muñoz, afín a Terán, y de la expresidenta María del Carmen Maldonado.

Ocaña explica que hay cosas importantes a tratar por parte del Consejo de la Judicatura y que por ahora hay una ligera estabilidad que les permite a los miembros avanzar en el concurso de jueces.

La Defensoría Pública presentó la terna para designar al vocal suplente del Consejo de la Judicatura que asumirá el lugar de Morillo.

Los tres candidatos fueron sometidos al escrutinio público, en la fase en que la ciudadanía puede presentar sus reparos.

El primero en la terna es Merck Milko Benavides, exjuez de la Corte Nacional de Justicia, nombrado por el Consejo de la Judicatura de transición, durante gobierno de Rafael Correa. Participó en el concurso para Fiscal, pero quedó en segundo lugar.

Nuria Butiñá fue asambleísta suplente de Unión por la Esperanza en el periodo anterior, 2021-2023. También desempeñó cargos públicos durante el gobierno de Correa.

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El tercero es Carlos Luis Mansalvas y su trayectoria se vuelca al ámbito privado.

Para Fautos Murillo la designación del vocal puede ser otro paso para obtener una mayoría en la Judicatura.