29 ago 2016 , 10:42

La UNE se mantiene en vigilia tras allanamiento de sus oficinas

Según Espinosa, hay autorización judicial. La acción es parte del proceso de disolución.

La madrugada de este 29 de agosto de 2016, uniformados de la Policía Nacional allanaron las oficinas de la Unión Nacional de Educadores (UNE) en Quito y Guayaquil, como parte del proceso de disolución de la entidad, decretado por el Gobierno el 18 de agosto de 2016. Según denunciaron sus dirigentes, los agentes se llevaron documentos, computadoras, entre otros suministros, "destruyendo candados y demás seguridades".  

 

A raíz de la acción policial, un grupo de maestros se concentra desde horas de la mañana en los exteriores de las dependencias de la organización, en vigilia para lo que ellos denominan la "defensa de sus derechos".

 

 

 


Dirigentes de la UNE en vigilia tras... por ecuavisa

 

 

Rosana Palacios, presidenta nacional de la UNE, se refirió a la medida como atropello. "Correa se va y esta UNE seguirá (...) Se han llevado documentos, computadoras, han destruido candados, seguridades, han destruido lo poco que nos queda. Aquí hay docentes dignos que levantamos la voz y la mirada, jamás nos vamos a arrodillar ante ningún tirano".

 

Elvis Moreira, su par en Pichincha, hizo un llamado a los docentes y al magisterio en sí a mantenerse vigilantes. "Esta acción no se quedará impune, los maestros y maestras nos movilizaremos, seguiremos aquí en los edificios, defendiendo la integridad de nuestra organización y las instalaciones de la UNE en todo el país".

 

En tanto, el ministro de Educación, Augusto Moreira, aseguró que la medida cuenta con orden judicial. "El juez autorizó el allanamiento y se constató que ya se había saqueado la UNE (...) Las acciones tomadas se debieron a que la UNE no entrega documentación para que la comisión de liquidación trabaje". Lo dijo durante una rueda de prensa para anunciar el cronograma escolar del año lectivo régimen Sierra.

 

El ministerio de Educación designó el 22 de agosto pasado una comisión de liquidación, integrada por miembros de la Unión Nacional de Educadores, que tendrá 90 días para analizar el patrimonio de la organización de maestros, y solicitar los estados financieros de los últimos cinco años para emitir un informe.

 

 

Según denunció Espinosa, "existen amenazas para los miembros de la comisión liquidadora".

 

El Gobierno dispuso la disolución de la UNE por "incumplir su propio estatuto y lo especificado en el Reglamento para el funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas".

 

 

 

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