11 sep 2018 , 10:05

Suspendida audiencia contra exministro Iván Espinel

En caso lavado de activos, Fiscalía pide nulidad de medidas cautelares otorgadas.

Luego de más de tres horas de deliberaciones, el juez de Garantías Penales Francisco Mendoza, de la Unidad Multicompetente en Samborondón, suspendió la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el delito de lavado de activos contra el exministro de Inclusión Económica y Social Iván Espinel.

Según la fiscal Ivonne Proaño, el magistrado solicitó tiempo para revisar el audio del juicio correspondiente al 23 de julio de 2018, en el cual la jueza Paola Dávila resolvió levantar la orden de prisión preventiva contra Espinel, quien permanecía detenido desde el pasado 7 de abril, y ordenó el uso del grillete electrónico, como medida sustitutiva.

Proaño dijo que “Fiscalía ha demostrado o le ha expuesto al juez que no hubo desvanecimiento de elementos”. Por dicha resolución, la jueza Dávila fue suspendida por 90 días y el caso fue asumido por Francisco Mendoza.

César García, abogado defensor del exfuncionario, señaló que “ahora le va a tocar la juez revisar si en efecto se desvanecieron los indicios como en efecto hicimos a lo largo de la audiencia de revocatoria y tendrá que pronunciarse al respecto”.

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Iván Espinel aprovechó para exponer el grillete electrónico que usa, pero aclaró que aquello no le impide participar en las actividades organizadas por su movimiento político Fuerza Compromiso Social.

Aseguró que él “no tiene ninguna imposibilidad de hacer la actividad política, tengo un movimiento nacional, en el cual hace pocos días fui ratificado como presidente nacional”.

Espinel también es investigado por el delito de peculado y estuvo en prisión preventiva desde el pasado 27 de abril de 2018, pero el juez Dennis Ugalde revocó esa decisión el pasado 9 de julio de 2018 y fue liberado.

Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía por lavado de activos contra el exministro, constan un reporte de operaciones injustificadas de la Unidad de Análisis Financiero; un informe con indicios de responsabilidad penal de Contraloría General del Estado; y declaraciones del Servicio de Rentas Internas.

 

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