Embajada de Panamá niega asilo a veedores del caso Gran Hermano

La embajada de Panamá en Ecuador, negó hoy, viernes, el pedido de asilo realizado por los veedores del caso 'El Gran Hermano', que ahora esperan una respuesta del Gobierno de los Estados Unidos.

Según un comunicado de la embajada panameña, los veedores Pablo Chambers, Víctor Hugo Hidalgo, Gerardo Portilla y José Quishpe, “no reúnen los elementos necesarios” para conseguir el asilo.

Un juez ecuatoriano ordenó este jueves, no salir del país a los cuatro miembros de la veeduría que dijo que el presidente Rafael Correa conocía los contratos que su hermano Fabricio tenía con el Estado.

El magistrado Fabián Llánez les ordenó además que se presenten ante el juzgado cada 15 días, después de que la Fiscalía no pidiera la prisión preventiva en una audiencia celebrada hoy, según Ramiro Román, el abogado de los acusados.

En la audiencia, la Fiscalía les imputó el cargo de falso testimonio, que acarrea una pena de seis meses a tres años, si se les declara culpables, explicó Román a Efe a la salida de la sesión.

Los veedores también han pedido asilo en las embajadas en Quito de Costa Rica, Chile, Reino Unido y el Vaticano.

El canciller de Costa Rica, Enrique Castillo, afirmó en San José que los cuatro no completaron la solicitud formal y que por eso "pareciera que ellos desistieron". Los otros Gobiernos no se han pronunciado al respecto.

Los veedores también solicitaron medidas cautelares de protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según Chambers.

En su informe, la veeduría aseveró que el volumen de los contratos de Fabricio Correa ascendía a 657 millones de dólares y que hubo un perjuicio para el Estado de 140 millones.

También afirmó que Rafael Correa sí conocía esos contratos y que hubo favoritismo en su adjudicación en favor de Fabricio, quien, después del escándalo, se ha convertido en un opositor a la gestión de su hermano y realiza actualmente los trámites ante el Consejo Nacional Electoral para disputarle la reelección en febrero de 2013.

El mandatario ha negado conocer los contratos, que él canceló después de que una investigación periodística los sacara a la luz, y ha afirmado que el objetivo de la veeduría era "hacerle daño al Gobierno".

Los miembros del comité fueron elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un organismo auditor ciudadano.

Los periodistas que revelaron el caso, Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, también afirmaron en su libro 'El Gran Hermano' que Correa sabía de los contratos.

El mandatario les enjuició por injurias por ello, pero tras ser condenados al pago de 2,1 millones de dólares los perdonó.