25 ene 2018 , 02:34

Representante de Contraloría presenta observaciones a proyecto de ley

Según Contraloría General del Estado, existen factores que demoran en investigaciones.

El coordinador jurídico de la Contraloría General del Estado, Wilson Vallejo, presentó, este jueves 25 de enero de 2017, los informes dentro del análisis del Proyecto de Ley Orgánica de Lucha Contra la Corrupción a la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional.

 

Vallejo, quien acudió en reemplazo del Contralor General del Estado Pablo Celi, señaló que el plazo que indica el Art. 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado muchas veces no es suficiente cuando se examina casos relacionados con petróleo, telecomunicaciones y salud debido a los recursos que manejan. Por tanto, el funcionario sugirió que el plazo de 180 días debe volver a su texto original y manejar un plazo no mayor a un año, al señalar que existen factores que causan demoras en las investigaciones.

 

El proyecto de ley plantea que para iniciar un proceso penal por peculado o enriquecimiento ilícito, en la etapa de investigación, no se requiera un informe previo de la Contraloría. Esto posibilitaría que el Fiscal solicite medidas cautelares, como prohibición de salida del país del sospechoso. Sin embargo, el documento del organismo de control será necesario para emitir un dictamen.

 

Según dijo el Coordinador, los informes emitidos por la Contraloría General del Estado son definitivos en la vía administrativa y judicial, debido a que relatan acciones y señalan indicios de culpabilidad.

 

Con diez intervenciones, el 24 de enero se abrió el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Lucha contra la Corrupción, que plantea la muerte civil, es decir, la imposibilidad de volver a ejercer un cargo público de por vida cuando la persona haya cometido delitos contra la administración pública. Frente a esta infracción los corruptos tampoco podrán contratar con el Estado.

 

De tal forma, se castigaría a quienes hayan incurrido en peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias y testaferrismo. En esos casos, también se suspenden los derechos de participación por un lapso de 10 a 25 años. En cambio, para quienes denuncien actos de corrupción habrá acompañamiento y asistencia jurídica.

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