Se presentó proyecto de ley que busca aumentar penas por delitos de corrupción

Redacción

arivera

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Miércoles 13 de Septiembre de 2017 - 8:15
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  • El texto legal incluye 12 artículos para reformar el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Foto: Referencial
El texto legal incluye 12 artículos para reformar el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Foto: Referencial
El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, presentó el proyecto de ley ‘Manos Limpias’ que propone el aumento de las penas por delitos de corrupción, según un comunicado de prensa de la institución. 
 
El texto legal incluye 12 artículos para reformar el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y plantea incrementar las sanciones en el caso del delito de peculado (malversación de fondos públicos).
 
También redefine el delito de cohecho, tráfico de influencias y testaferrismo bajo estándares internacionales. (Descargue el documento al final de este artículo)
 
Asimismo, se establecen sanciones con pena privativa de libertad de 15 a 20 años por aprovechamiento indebido en beneficio propio o de un tercero por parte de un funcionario público o de una persona que ejerce funciones, de cualquier tipo de bienes del Estado, de empresas públicas o empresas comerciales en las que éste tenga parte, a los cuales ha tenido acceso en razón o con ocasión  de la función desempeñada.
 
El proyecto todavía no ha sido calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).
 

El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, presentó el proyecto de ley ‘Manos Limpias’ que propone el aumento de las penas por delitos de corrupción, según un comunicado de prensa de la institución. 

 

El texto legal incluye 12 artículos para reformar el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y plantea incrementar las sanciones en el caso del delito de peculado (malversación de fondos públicos).

 

También redefine el delito de cohecho, tráfico de influencias y testaferrismo bajo estándares internacionales. (Descargue el documento al final de este artículo)

 

Asimismo, se establecen sanciones con pena privativa de libertad de 15 a 20 años por aprovechamiento indebido en beneficio propio o de un tercero por parte de un funcionario público o de una persona que ejerce funciones, de cualquier tipo de bienes del Estado, de empresas públicas o empresas comerciales en las que éste tenga parte, a los cuales ha tenido acceso en razón o con ocasión  de la función desempeñada.

 

El proyecto todavía no ha sido calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).