Venezuela objeta amenaza de Trump y revisará relación con Estados Unidos

Venezuela informó el martes que revisará su relación con Estados Unidos en respuesta al pronunciamiento que realizó el presidente Donald Trump al advertir que aplicaría sanciones económicas de seguir adelante con el proceso para reescribir la constitución.

 

El canciller venezolano Samuel Moncada consideró la postura de Washington como una “brutal amenaza” y una “violación al derecho internacional” e indicó que “nada ni nadie” detendría el proceso constituyente.

 

“El foso que el gobierno de Estados Unidos está cavando en sus relaciones con Venezuela dificulta una racional predicción de sus acciones para toda la comunidad internacional”, dijo Moncada al leer un comunicado en la televisora estatal y en que se acusó al gobierno de Trump de estar parcializado con los sectores venezolanos que utilizan el “terrorismo para derrocar a un gobierno popular y democrático”.

 

“El pueblo responderá unido ante la insolente amenaza planteada por un imperio xenófobo y racista”, agregó.

 

Washington emitió el comunicado un día después del simulacro de consulta que realizó la coalición opositora contra la Asamblea Nacional Constituyente, en el que 7,6 millones de venezolanos rechazaron la iniciativa que impulsa Maduro. Trump manifestó su apoyo a la iniciativa de la oposición y sostuvo que esas acciones son ignoradas por un “un mal líder que sueña con convertirse en un dictador”.

 

Washington tomará “fuertes y rápidas sanciones económicas”, agregó el gobierno de Trump. Estados Unidos es un mercado importante para las exportaciones de petróleo que impulsan la economía de Venezuela. Trump ha impuesto prohibiciones de viaje y ha congelado los activos de altos funcionarios venezolanos en las últimas semanas, pero se abstuvo de las sanciones generales contra el país que podría profundizar su crisis económica.

 

Venezuela exporta un promedio de 700.000 barriles diarios de crudo al mercado estadounidense, según estimaciones de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos, lo que representan cerca de la mitad de las exportaciones petroleras venezolanas.

 

El diputado y economista Ángel Alvarado dijo a The Associated Press que de darse un embargo petrolero implicaría para Venezuela la pérdida de “75% de los ingresos” que recibe el país por las exportaciones de crudo y productos que realiza a Estados Unidos, lo que equivale a dejar de percibir unos 11.000 millones de dólares anuales.

 

Alvarado indicó que Venezuela podría reorientar sus exportaciones petroleras hacia China, que es actualmente otro de sus principales mercados, y Rusia, pero precisó que ese proceso podría tardar varios meses y afectar entre 30% y 40% del flujo de caja del gobierno.

 

El diputado expresó que se desconoce hasta el momento el impacto que podrían tener las sanciones de Washington sobre la empresa petrolera Citgo, que es la filial estadounidense que tiene la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) .

 

Venezuela está sumida en una crisis económica dominada por una desborda inflación de tres dígitos, severos problemas de desabastecimiento de alimentos, medicinas y productos básicos, y una fuerte recesión. El país suramericano tiene una fuerte dependencia del petróleo, que genera cerca del 96% de los ingresos que recibe por exportaciones.

 

A pesar de la tensión política, Maduro ha mantenido la iniciativa de instalar la Asamblea Constituyente en agosto tras la elección de sus 545 miembros el 30 de julio. Entre sus primeras tareas tendrá la revisión del Ministerio Público y la posible remoción de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz.

 

Horas antes del pronunciamiento de Moncada sobre las relaciones Venezuela-Estados Unidos, Ortega Díaz advirtió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en su despacho podría repetirse un ataque como el ocurrido a comienzos de mes, cuando unos 200 presuntos simpatizantes del gobierno tomaron por la fuerza la Asamblea Nacional y atacaron con tubos y objetos contundentes a congresistas y empleados.

 

En un documento de 24 páginas, la funcionaria actualizó el 15 de julio su solicitud del mes pasado para que la CIDH, con sede en Washington, le extienda protección a ella, su familia y sus subalternos alegando que el vicepresidente Tareck El Aissami y otros funcionarios del partido oficialista la han intimidado y amenazado.

 

El secretario ejecutivo de la CIDH Paulo Abrão calificó la solicitud de Ortega como "poco común por el nivel de la autoridad estatal peticionaria" y agregó que "requiere análisis profundo".

 

Más tarde, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, manifestó, en un mensaje grabado su respaldo a la consulta opositora y dijo que la comunidad internacional y el sistema político venezolano deben apoyar el pronunciamiento que hicieron los venezolanos en el simulacro de votación del pasado 16 de julio contra el proceso constituyente.

 

El canciller paraguayo Eladio Loizaga expresó el martes que el gobierno venezolano debe mostrar madurez y desconvocar la Asamblea Constituyente porque una importante porción de los venezolanos se opuso a esa iniciativa a fin de reconstruir y recuperar la democracia.