Ecuador presidente del grupo de trabajo de la ONU sobre transnacionales y DD.HH

El lunes 23 de octubre del 2017 el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, informó a través de su página oficial la designación de Ecuador como presidente del grupo de trabajo de Naciones Unidas, que tiene como mandato elaborar un instrumento internacional que regule el cumplimiento de los derechos humanos por parte de empresas transnacionales.

La canciller Maria Fernanda Espinosa al inicio de la tercera sesión de trabajo del grupo en Ginebra (Suiza) expuso sobre las muertes 1.100 de trabajadores por el desplome del centro comercial de Rana Plaza en Bangladesh en 2013; la contaminación del delta del río Níger en 2009 por la petrolera Shell o los vertidos de crudo sufridos por la selva amazónica ecuatoriana durante casi 30 años. 

El discurso de la canciller Espinosa dio paso a la votación unánime para la desginación de Ecuador a los trabajos conjuntos en torno a tratado vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos.

Representantes de la isla Jamaica, a nombre Grupo Geopolítico de América Latina y el Caribe (Grulac), propuso la candidatura de Ecuador. También recibió el apoyo de la delegación de Sudáfrica, que impulsa junto al país la iniciativa de cuidar los derechos de los trabajadores en las empresas transnacionales.

Luego de finalizada la conferencia, se eligió a Guillaume Long como representante permanente del Ecuador ante la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra. Hasta la fecha, la actual canciller ecuatoriana, María Fernanda Espinosa había presidido el grupo. 

Para este resultado, más temprano, la canciller Espinosa presentó un texto base para la negociación del tratado vinculante al inicio de la sesión. 

 “es urgente que la comunidad internacional tome acciones” para prevenir los impactos negativos sobre los derechos humanos que puede causar el “gran poder” que las empresas transnacionales han acumulado por la globalización. - manifestó la canciller Espinosa.

Estas labores se desarrollan en cumplimiento del mandato de la resolución 26/9 de Naciones Unidas suscrita el 26 de junio de 2014, que tiene como objetivo delimitar las acciones de las empresas multinacionales para que éstas respeten los derechos humanos y medioambientales allí donde actúen. Además de poner fin a la impunidad y analizar su poder sistémico que ha causado impactos en la vida diaria de las comunidades.