21 ago 2017 , 12:58

Fiscalía vinculará a vicepresidente Jorge Glas por asociación ilícita en caso Odebrecht

El fiscal general Carlos Baca pedirá fecha de audiencia a la Corte Nacional de Justicia.

La Fiscalía General del Estado vinculará al vicepresidente de la República, Jorge Glas, al delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht . Así lo anunció el mediodía de este 21 de agosto de 2017 el fiscal general Carlos Baca Mancheno.   En un anuncio sin espacio a preguntas de la prensa, el funcionario indicó que solicitará a la Corte Nacional de Justicia señale día y hora para que se lleve a cabo una audiencia de vinculación en contra de Glas, pero recordó que "solo podrá llevarse a cabo previa autorización de la Asamblea Nacional, conforme lo ordena el artículo 120 numeral 10 de la Constitución de la República".   "El pedido de vinculación se sustenta en los elementos de convicción recabados en la instrucción fiscal por el delito de asociación ilícita y que se adelantaba en el despacho de Diana Salazar, y que ahora deberá ser tramitada en el despacho del fiscal General del Estado", manifestó Baca.   Asimismo, indicó que la investigación continuará con la recolección de los elementos de cargo y de descargo.   Tras el anuncio del fiscal general, el presidente de la Asamblea Nacional, se pronunció vía Twitter:  

El vicepresidente Glas ha acudido en varias ocasiones a la Fiscalía a rendir su versión voluntaria en la

investigación que sigue sobre los presuntos sobornos ofrecidos por la constructora brasileña a funcionarios

ecuatorianos. También ha rendido versión en el caso Caminosca y sobre el contrato petrolero en el bloque Singue.

Revise: Jorge Glas rinde versión en Fiscalía por casos Odebrecht y contrato petrolero

En su momento, el segundo mandatario dijo que existe una “persecución política” por parte de la Contraloría en el

caso del campo petrolero.

La Fiscalía General del Estado anunció el 3 de agosto de 2017 el inicio de una

indagación previa al contrato petrolero en la Amazonía ecuatoriana, entre el Estado y el

consorcio DGC, tras recibir un informe de la Contraloría General del Estado, que señala indicios de responsabilidad

penal en dicha contratación.

Noticias
Recomendadas