Contraloría estima que perjuicio al Estado en negociaciones petroleras asciende a $793 millones

Las acciones de control de la Contraloría General del Estado al área petrolera, realizadas entre 2007 y 2017, determinaron presuntos indicios de responsabilidad civil y penal por $ 793 millones. 

 

Esto ha generado sanciones en contra de 1.720 funcionarios públicos y empresas relacionadas con contratos en ese sector.

 

En lo que se refiere al proceso de repotenciación y mantenimiento de la Refinería de Esmeraldas, la directora de auditoría de sectores estratégicos de la Contraloría General del Estado determina el origen de las irregularidades.

 

“Bajo la autorización efectuada en junio de 2011 por el Sercop de efectuar contrataciones y bajo la modalidad de giro específico del negocio, se suscribieron un sinnúmero de contratos que conllevaron la presencia de irregularidades, tales como presupuestos referenciales efectuados o elaborados sin ningún sustento técnico, así como también subcontrataciones sin autorización de la estatal petrolera que, en algunos casos, llegaron a igualar el 100% del objeto del contrato”, dijo Flor María Guerrero, directora de auditoría de sectores estratégicos.

 

Los análisis determinaron, solo en la Refinería de Esmeraldas, informes con indicios de responsabilidad civil y penal por $ 359.5 millones.

 

 

 

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Entre las irregularidades cometidas determinadas están:
 

- Sobrevaloración de costos

- Incrementos injustificados de presupuestos

- Inadecuada evaluación de ofertas presentadas

- Subcontratación en ejecución de obras en porcentajes superiores a los establecidos legalmente, entre algunas otras. 

 

“Los ministros, gerentes y demás autoridades como autorizadores de gasto están directamente vinculados con las irregularidades o anomalías encontradas en los procesos de contratación”, indicó Guerrero.

 

Los análisis de Contraloría también llegan a la venta de petróleo a empresas chinas y tailandesas. Allí la Contraloría determina que las contrataciones también presentan irregularidades.

 

“Tenemos observaciones que tienen que ver con la ausencia de estudios técnicos y de documentación probatoria que avale el proceso de negociación”, mencionó Guerrero.

 

La Contraloría señala que no se aplicó la política de comercialización internacional de hidrocarburos, referente a comercializar petróleo y derivados a largo plazo; ni se sustentó técnicamente o se documentaron los beneficios económicos para Petroecuador.