Estado pagó 112 millones de dólares a Chevron, según gerente de BCE

El gerente del Banco Central del Ecuador (BCE), Diego Martínez, anunció que este viernes 22 de julio de 2016 se realizó el pago de 112 millones de dólares a la petrolera Chevron tras haber perdido un laudo arbitral.

“El Estado ha pagado el valor del contingente legal a la petrolera Chevron”, dijo el funcionario a Notimundo.

Manifestó no estar de acuerdo en la manera cómo se rigen los instrumentos internacionales de este proceso.

“Esto es el resultado de todas esas novelerías que se firmaron en los años 90, que ponían al país en condiciones de ser demandados por actores privados. No nos gusta ese esquema y es por eso que no estamos a favor de los tratados bilaterales de inversión”, sostuvo el gerente del BCE.

El Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Finanzas y la Procuraduría remitió a Chevron – Texaco una comunicación con el objetivo de buscar un mecanismo para cumplir con el laudo. 

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En un conversatorio de medios, el pasado 19 de julio de 2016, el presidente de la República, Rafael Correa, explicó que propuso depositar el valor del laudo en una cuenta en garantía, hasta que la justicia determine si los fondos debían ser pagados a Chevron o atender el embargo solicitado por las comunidades amazónicas que litigan con la petrolera.

En un boletín difundido por la Procuraduría se expresa que Ecuador quiere buscar un mecanismo de pago "sin desatender las obligaciones que bajo la Ley ecuatoriana podría generarle la notificación de la orden de embargo sobre dicho crédito, dictada por la Presidencia de la Corte Provincial de Sucumbíos".

Esto debido a que la justicia ecuatoriana ordenó el embargo de todos los bienes de Chevron en el país, en un proceso privado que habitantes de la Amazonía ganaron por daños ambientales imputados a la compañía en la selva y cuyo monto asciende a USD 9.500 millones. 

Por su parte, Chevron se resiste a pagar esa cuantía por considerar que la condena de la justicia ecuatoriana obedece a una supuesta trama de fraude y complot orquestada por los demandantes, con una presunta participación del Estado, por lo que también ha presentado recursos en EE.UU..

Correa negó esa conjetura y enfatizó que el Estado no ha intervenido en ese proceso privado.