Gobierno y ONU presentarán resultados de evaluación tras el sismo en Ecuador

El Gobierno y agencias de la ONU presentarán este miércoles los resultados de una evaluación sobre los daños ocasionados por el terremoto de magnitud 7,8 en la escala de Richter que sacudió en abril la costa norte de ese país, informaron hoy fuentes oficiales.

La sacudida y sus réplicas causaron la muerte de 663 personas y más de 28.000 resultaron damnificadas, mientras que nueve están desaparecidas, de acuerdo con los más recientes informes de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, indicó tras la catástrofe que los daños podrían alcanzar unos 3.000 millones de dólares, aunque advirtió de que esa cifra era puramente orientativa y deberá ser precisada por medio de estudios técnicos.

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) lidera los trabajos cuyos resultados se darán a conocer este miércoles, tareas en las que participan también organismos como el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y agencias de Naciones Unidas, entre ellas la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

El Gobierno, que se apresta a poner en marcha un plan de reconstrucción de las zonas afectadas, levantará un registro único de damnificados por el terremoto, para lo cual el INEC prevé tomar información de 1.696 empresas de las zonas más afectadas, así como de 97 albergues y refugios y de 6.748 familias y 28.785 personas.

El presidente Correa anunció la venta de varios activos del Estado, entre ellos la hidroeléctrica Sopladora y el Banco del Pacífico, y ha mencionado también la aerolínea pública TAME y Fabrec, una empresa pública de textil y calzado, lo que contribuirá a hacer frente a los costos de la reconstrucción.

En la lista están medios de comunicación en manos del Estado y, en el caso de compañías como la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), se estudia la apertura del capital hasta el 49 por ciento, en busca de alianzas público-privadas.

La Senplades considera que el plan de reconstrucción debe ser una política de Estado y apela a la implicación del sector privado, de los gobiernos locales y de la ciudadanía en ese proceso, por lo que prevé trabajar con mano de obra local y con empresas nacionales, ya que también se busca reactivar la economía en las zonas más afectadas.

El Gobierno ha indicado también que, para la reconstrucción, dispone de más de 600 millones de dólares de líneas de contingencia procedentes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).