Otra masacre carcelaria que coincide con el cambio de autoridades

Cuatro días después de la designación de Patricio Carrillo como ministro del Interior, se registraron 20 personas asesinadas en la cárcel de Turi en Azuay. Recién al quinto día, este 4 de marzo de 2022, las autoridades confirmaron que tienen la situación bajo control. Sin embargo, no es la primera vez que ocurre un amotinamiento tras el cambio de una autoridad, lo propio pasó en otras tres ocasiones, con nombramientos en el Ministerio de Gobierno, la Dirección del Servicio Nacional de Atención a Privados de la Libertad (SNAI) e incluso en la Gobernación del Guayas.

Alexandra Vela asumió el Ministerio de Gobierno el 14 de julio del año anterior, siete días después se registraron 22 personas asesinadas: 14 en la cárcel de Cotopaxi, cerca a Latacunga y ocho en la Penitenciaría del Litoral, al norte de Guayaquil. Para finales de ese mes, la ahora exautoridad compareció en la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, en la que explicó que la cartera de Estado que lideraba no tenía responsabilidad sobre el sistema de rehabilitación social; sin embargo estuvo al frente de este evento y otros que ocurrieron más adelante, durante su administración que culminó con el nombramiento de Carrillo y del ministro de Gobierno, Francisco Jiménez.

En el SNAI, en cambio, no pasó ni un día desde la designación de Bolívar Garzón (en septiembre de 2021) como director, cuando inició la peor masacre registrada en las cárceles del país. En esa ocasión, Fausto Cobo pasó de esta institución al Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) y Garzón asumió el cargo durante menos de dos meses, hasta ese momento ocupaba la dirección en la la Cárcel de Latacunga.

Durante la administración de Garzón frente al SNAI fueron varios los eventos conflictivos que se registraron, en 48 días fueron alrededor de 200 personas fallecidas. El último enfrentamiento provocó su renuncia, para mediados de noviembre de 2021.Otra autoridad que tuvo que estrenarse en el puesto a los pocos días de asumir el cargo fue el gobernador del Guayas, Pablo Arosemena. Las gobernaciones responden al Ministerio de Gobierno y, por lo tanto, entre sus tareas también está la seguridad ciudadana y la articulación con la Policía Nacional. Arosemena tuvo 13 días para empaparse sobre la crisis carcelaria y enfrentar a los 119 muertos del 28 de septiembre.

Para las expertas consultadas por Ecuavisa.com, el cambio de autoridades no es el único factor que puede desencadenar una crisis en las cárceles, sin embargo coinciden en que puede ser una de las razones.

Itania Villarreal, exdirectora de Rehabilitación Social, indica que cuando hay un cambio de administración no se logra avanzar en el plan de trabajo que venía llevando la autoridad saliente e incluso se estancan trámites para otorgar beneficios penitenciarios. Esto puede provocar cierto malestar en las personas privadas de libertad (PPL), “son debilidades que observan de las autoridades”.

“Los cambios en los ministerios y en las direcciones de las cárceles hacen que no exista una política real de rehabilitación”, indica la experta en seguridad Bertha García; sin embargo, aclara que la principal razón de la crisis carcelaria es la disputa del poder de las bandas delictivas en espacios donde circula la droga (fronteras y puertos), que se trasladan a las cárceles.

Villarreal insiste en que los centros de privación de libertad son impredecibles, pero indica que cierta estabilidad en la designación de autoridades, principalmente en la Dirección del SNAI, sí podría contribuir a que se impulsen políticas para la rehabilitación. No obstante, García dice que mantener una misma autoridad puede ser favorable, aunque debe estar sujeta a una permanente evaluación.

Desde que empezó la crisis carcelaria, en febrero de 2021, han pasado cuatro autoridades y cinco administración por el SNAI. Todos han tenido que enfrentar amotinamientos y decenas de muertes.

El ingreso de nuevos funcionarios ha coincidido con el desencadenamiento de diferentes eventos de violencia en las cárceles, pero también ha ocurrido a la inversa: los amotinamientos por su parte les costó el cargo a varios funcionarios.

Edmundo Moncayo, nombrado como director del SNAI por Lenín Moreno, salió tras los enfrentamientos registrados en julio y después de varias críticas al presidente Guillermo Lasso por no reemplazarlo al asumir el Gobierno.

La crisis carcelaria también provocó cambios en las Fuerzas Armadas. El General de División Orlando Fuel fue nombrado como Jefe del Comando Conjunto, en reemplazo al vicealmirante Jorge Cabrera, quien fue reemplazado después de la matanza de noviembre de 2021.

Las analistas García y Villarreal esperan que la designación de Carrillo sea productiva para el control carcelario y coinciden en que es temprano para evaluar su gestión.