La Asamblea Nacional también pudo haber cometido desacato y rondaría la destitución

En la Asamblea Nacional, los integrantes de la mayoría legislativa aseguran que la Corte Constitucional les dio la razón con la destitución de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), aunque ellos propusieron que se vayan solo cuatro.

Los de la mayoría que antes decían que no iban a cumplir la sentencia del juez de La Concordia, sobre la restitución de los vocales de Participación que ellos censuraron y hasta retiraron la placa que se les dispuso colocar para recordarles que “ningún poder del Estado está por encima del control constitucional”, ahora dicen que sí la cumplieron.

Para Gissella Garzón, asambleísta del correísmo agrupado en UNES, “a la final la sentencia se cumplió” y explicó –en medio de risas de sus compañeros– que “la placa se puso” y luego se la quitó porque “la sentencia no decía que la placa tenía que estar un día, cinco días, una semana, para toda la vida”.

Desde la minoría les recuerdan que si hay incumplimiento, hay destitución. “Lo acaba de decir la Corte Constitucional, las sentencias se cumplen, aunque no nos gusten”, expresó Ricardo Vanegas, asambleísta de Pachakutik.

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Juan Fernando Flores, de CREO, cuestionó por otra inacción: ¿Cuándo va a hacer la Asamblea Nacional la posesión del Superintendente de Bancos? ¿O es que esperan que sea la Corte Constitucional la que determine la situación de algunos asambleístas que están en desacato?

De hecho, la sentencia del juez dice que debían proceder con la posesión del Superintendente, pero hasta ahora no lo hacen.

Jorge Abedrabbo, asambleísta del Partido Social Cristiano, cree que los jueces de la Corte podrán tomar una decisión a futuro, pero contra todos o ninguno: “Ellos podrán tomar una sentencia contra los 137 asambleístas, no es contra 85 asambleístas como se decía”.

Pero fueron 85 y no todos los asambleístas los que se negaron a posesionar al Superintendente. Y fueron 80 votos los que aprobaron quitar la placa que se les había ordenado poner en la Asamblea.

Además hay otro caso que pondría en vilo al Legislativo. Lo dio a conocer el destituido presidente del Cpccs, Hernán Ulloa. La Corte Constitucional recordó a inicios de enero a la Asamblea que desde 2019 debía regular tanto la consulta prelegislativa como la consulta previa.

Le dio 10 días de plazo para emitir un informe sobre el cumplimiento de este dictamen.

Ana Belén Cordero, asambleísta de CREO, dice que esto depende de quién lleva adelante estos procesos, tanto en el orden del día en el pleno como en las comisiones, donde se realizan los informes para los procesos de reforma.

La Asamblea Nacional tendrá que justificar en dos frentes que sí ha cumplido las sentencias que le han dispuesto y no correr el riesgo de una destitución.