Defensor del Pueblo pide reforma legal en España sobre hipotecas

El Defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, afirmó hoy en Madrid que la ley española que se aplica por impago de hipotecas "vulnera el derecho a una justicia de la que deben gozar todos los ciudadanos".

Por esta razón, la institución que dirige impulsó la demanda presentada ayer ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, basada en el caso de un ecuatoriano residente en España, según informó hoy en Madrid en una conferencia de prensa.

La demanda se refiere al caso de Luis Solórzano, que en 2005 firmó una hipoteca para la compra de una vivienda y tres años después dejó de pagar el préstamo al quedarse sin trabajo, por lo que el banco inició el procedimiento para ejecutar la deuda con la consecuente pérdida de la vivienda.

"Consideramos que al no permitirse exponer las razones de no pago ante un juez, se está vulnerando el derecho a una justicia de la que deben gozar todos los ciudadanos y ciudadanas", afirmó hoy Rivadeneira.

En la demanda, según el defensor del pueblo de Ecuador, se solicita al Tribunal europeo que inste al Estado español a modificar la ley de enjuiciamiento civil que " no permite el verdadero ejercicio de los derechos, especialmente el de estar frente a un juicio justo, en el que el juez pueda escuchar las razones de las partes, ponderarlas y resolver".

Pidió también que esta reforma se realice "aunque sólo sea en el derecho a la vivienda", porque vemos que "no se ha dado el paso de considerar a la vivienda como un derecho, sino como una mercancía".

Según el representante ecuatoriano, la actuación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos "no es un acto contra el gobierno español, una demanda nunca puede ser considerada una afrenta, es la posibilidad de abrir un espacio de discusión, de reflexión y de acuerdos".

"Valoramos la solidaridad del pueblo español con los migrantes Ecuatorianos (...), España abrió las puertas en un momento difícil para Ecuador.

Pero "más allá de este agradecimiento, hemos creído conveniente emprender con firmeza la defensa de los ecuatorianos y ecuatorianas en el extranjero porque así lo dispone la Constitución", añadió.

Respecto a posibles contactos con el gobierno español, afirmó que "los contactos políticos le corresponden a la embajada y a la cancillería".

También recordó la entrevista mantenida por el presidente de Ecuador, Rafael Correa, y el jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, durante la Cumbre Iberoamericana del pasado noviembre, en la que abordaron el problema de las hipotecas, pero "las decisiones de los ámbitos gubernamentales corresponden a los ámbitos gubernamentales", señaló.

Además del caso denunciado ante el Tribunal europeo, dijo que están defendiendo otros "en las instancias internas del estado español y si no se llega a resultados, habiendo agotado todas las instancias, valoraremos seguir asistiendo a los tribunales internacionales".

El Defensor del Pueblo de Ecuador trabaja con la embajada en Madrid para asesorar a sus compatriotas residentes en España afectados por la crisis de las hipotecas.

Según informó en la conferencia de prensa, unos 6.000 ecuatorianos afectados por impago de sus créditos hipotecarios han sido asesorados desde 2011 en los consulados de Madrid, Barcelona, Murcia y Valencia.

En España hay unos 400.000 ecuatorianos registrados como inmigrantes y muchos de ellos están afectados por la crisis económica que vive este país desde 2008, que se ha traducido en una fuerte subida del desempleo.