Conjueces decidirán si aceptan o no la recusación

A través de sus abogados, diario El Universo pidió ayer a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que los miembros titulares de la Segunda Sala de lo Penal sean retirados del caso que se tramita en su contra por injurias.

Para analizar si es procedente o no el pedido, se nombró como conjueces a Gerardo Morales, Leonidas Plaza Verduga y Ramiro Morán. Ellos deben definir si aceptan o no esa nominación.

Al menos Román dice que eso no es tan fácil y deja a entrever que podría no aceptar formar parte de esa sala. Sin embargo, los nuevos conjueces aún no son notificados.

De su lado, Joffre Campaña, abogado del rotativo, acudió a la Corte para dejar un escrito en el que solicita que se revoquen los nombramientos de Ramiro Román y Leonidas Plaza. Asegura, que quienes los nombraron son también conjueces y eso no lo permite la ley.

Por lo que además de quedar suspendida la audiencia del caso, prevista para el próximo viernes 13, el mismo nombramiento de jueces quedaría postergado aún más.

Y es que en al menos dos semanas, según el Consejo de la Judicatura, estaría conformada ya la nueva CNJ y según Campaña, ellos son los idóneos para tratar este caso.

Perfil de dos de los conjueces

Leonidas Plaza Verduga
Fue designado al azar por la Segunda Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia como juez ocasional.

Es Licenciado en Ciencias Sociales y Políticas, Abogado y Doctor en Jurisprudencia.

Por el Partido Roldosista Ecuatoriano fue diputado del Congreso Nacional desde 1984 hasta 1986, secretario general del Congreso en 1990, concejal de Guayaquil y Procurador General del Estado durante el Gobierno de Abdalá Bucaram.

Su especialidad es el derecho civil penal y seguros.

Plaza patrocinó a la exasambleísta Irina Cabezas, de Alianza PAIS, en la defensa de su patrimonio.

Ramiro Román
Su desginación también es como juez ocasional. Es Doctor en leyes y exMinistro de la Segunda Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la denominada 'Pichicorte', nombrada bajo el Gobierno de Lucio Gutiérrez.

Fue el abogado de la familia Restrepo, al igual que en el caso de la desaparición de Consuelo Benavides. Ayudó a los ambientalistas de Mindo en su demanda contra la construcción del oleoducto de crudos pesados. Además llevó a su cargo los casos Hualpa, Wong y Reyes Torres.

Asumió la defensa de José Ignacio Chauvín, uno de los acusados en la supuesta red de narcotráfico 'Huracan de la Frontera'.

Fue además defensor de Ramiro Rivera, dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), detenido durante este Gobierno por sabotaje y terrorismo.