Masacres carcelarias, ¿hasta cuándo?

La violencia generada en los últimos días, al interior del Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Norte Cotopaxi, ha conmocionado al país. Según datos del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), en total hubo 43 heridos y 16 fallecidos.

Uno de los fallecidos es Leandro Norero Tigua, de 35 años, vinculado a varias empresas y un largo historial de antecedentes penales. También fue detenido y acusado de liderar un cartel de narcotráfico a escala nacional.

Esos temas se analizaron la noche de hoy, martes 4 de octubre del 2022, en el Ecuavisa 'Space' denominado ‘Masacre carcelaria ¿hasta cuándo? a través de Twitter.

El espacio fue dirigido por Carlos Rojas Araujo, presentador del programa Políticamente Correcto. Los invitados fueron los analistas Nelsa Curbelo, Karol Noroña y Arturo Torres, quienes analizaron la situación de las prisiones del país, principalmente la del Cotopaxi.

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Para Torres, en el país que hay un quiebre en 2019, cuando comienzan las masacres carcelarias, lo cual reflejan en doble vía lo que ocurre en las calles del país. Además, considera que Norero era el lavador de dinero más importante. "Es el eslabón que nos permite identificar el sistema de la narcopolítica que existe en el país”.

De su parte, Noroña contó lo que pasó. "La tarde de ayer se escuchaba, desde los pabellones de las mujeres en la cárcel de Cotopaxi, que Leandro Norero había fallecido y que las estaban amenazando".

Asegura que cuando hay un sistema carcelario, históricamente olvidado, donde ni siquiera cumples el derecho básico de la vida, no es simplemente una cuestión de control. “No existe una visión de rehabilitación en las cárceles del país”.

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Además, otro punto crítico es que en la cárcel de Cotopaxi existe incertidumbre de quién reemplazará a Norero. "Sabemos que ese centro es controlado por Los Lobos y todavía se mantiene así".

Curbelo considera que la Policía Nacional no está capacitada para dirigir centros de rehabilitación social, pues en el país son manejados como depósitos humanos.

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