Contralor enumera irregularidades por carnets de discapacidad

En Contacto Directo, el contralor general del Estado, Pablo Celi, se refirió al análisis de los procesos de entrega de carnets de discapacidad en Ecuador. Celi indicó que en su informe a la Asamblea Nacional anunció que se están realizando 59 auditorías que tienen el objetivo de determinar (sobre la entrega de carnets): la legalidad del cumplimiento del procedimiento y el sustento médico en lo que tiene que ver con el tipo y nivel de discapacidad para otorgamiento de estos carnets.

Según Celi, se están analizando al conjunto de las instituciones involucradas en otorgar este derecho a los ciudadanos: el Ministerio de Salud, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Servicio de Aduana y dependencias conexas. 

De lo realizando hasta ahora por Contraloría, Celi mencionó que se encontraron varios elementos, pero uno es el que abre la posibilidad a que haya irregularidades. "El debilitamiento del control legal. Con la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites se dejó sin efecto la capacidad de revisión para este tipo de carnets que tenía el Ministerio de Salud".

Agregó que, hoy y después de los acontecimientos conocidos públicamente, el Ministerio de Salud emite un reglamento que busca recuperar esa capacidad. Sin embargo, la Asamblea deberá resolver las contradicciones, asegura Celi.

Celi reiteró que durante la pandemia (desde marzo al mes de junio de 2020) -cuando había un estado de emergencia sanitaria- el Ministerio de Salud Pública, a través de sus diferentes dependencias a nivel nacional, emitió 2.283 carnets de discapacidad, los cuales están siendo analizados por los equipos de auditoría, así como la importación de vehículos nuevos y usados.

Dentro de esas auditorías y por los exámenes cruzados con el Servicio de Aduana, ya se han encontrado algunas irregulidades como:

• exámenes sin sustento médicos;
• exámanes que corresponden a otras personas, pero que sirven de respaldo para la entrega de carnets;
• exámanes que han sido efectuados por profesionales cuya formación es diferente a las áreas de especialización que debe analizar las discapacidades determinadas;
• que, se han emitido en el año 2019-2020 carnets avalados por profesionales que se jubilaron en el año 2018;
• que, constan como beneficiarios de exoneración al Impuesto a la Renta personas que no están registradas en el Sistema de Integración Laboral de Personas con Discapacidad.
• y exámenes emitidos fuera de horarios laborales e incluso cuando no estaban funcionando esas instituciones.

Respecto a si asambleístas, funcionarios o políticos están involucrados en alguna de las situaciones antes mencionadas, Celi mencionó que dentro de los exámenes se observará a todas las autoridades, incluidos los de la Función Judicial, que pudieran haber incurrido en el uso de este elemento para su calificación. Sin embargo, recalcó que la auditoría está dirigida al sistema.

En otro tema, se refirió también a los 300 exámenes que realiza la Contraloría a nivel nacional por las contrataciones de insumos médicos y otros elementos en el contexto dentro de la pandemia. Las más importantes, señaló, son las que se concentran en el Ministerio de Salud Pública. 

"Hemos encontrado un conjunto de irregularidades en lo que tiene que ver con contrataciones de infraestructura (...), adquisición de insumos como mascarillas y bolsas para cadáveres, compras direccionadas, sobreprecios, incumplimiento de normativa legal, falta de planificación direccionamientos contractuales de distinta naturaleza y estos han concluido en informes que contienen en el ámbito civil y administrativo", enumeró Celi. 

Además, la Contraloría está analizando la pertinencia de ciertas compras por parte de cada Gobierno Autónomo Descentralizado (GADs), pues las contrataciones de salud tienen responsabilidad directa de ese ministerio. Sin embargo, en el contexto de la emergencia sanitarias, algunos GADs realizaron este tipo de compras enmarcadas en el estado de excepción.