Secretaria Anticorrupción pide investigar hacienda La Clementina

Lavado de activos, testaferrismo, delincuencia organizada y enriquecimiento privado no justificado son algunos de los delitos que la Secretaría Snticorrupción pedirá a la Fiscalía que investigue en relación a la administración de la hacienda "La Clementina". Esta propiedad fue incautada en el 2013 al empresario Álvaro Noboa y, posteriormente, comprada por 1.800 trabajadores.

Este martes, la secretaria Anticorrupción, Dora Ordoñez, presentará una denuncia a la Fiscalía para que se investigue un supuesto perjuicio no solo para el Estado, sino también para los trabajadores de dicha hacienda, actuales dueños del inmueble.

Según Ordoñez, luego de que el Gobierno incautó la hacienda del empresario Álvaro Noboa, en el 2013, la Corporación Financiera Nacional asignó más de 78 millones de dólares a más de 1.800 empleados, que crearon la cooperativa de producción y comercialización La Clementina, Trabajadores Propietarios, “COOPROCLEM”, para poder comprar la hacienda.

Lavado de activos, delincuencia organizada y enriquecimiento privado no justificado son algunos de los delitos que la #SecretaríaAnticorrupción pedirá a la #Fiscalía que investigue, en el caso de la administración de la hacienda #LaClementina. https://t.co/NwyMN7stBT pic.twitter.com/rPGeNAoGeR

— Ecuavisa (@ecuavisa) December 11, 2019

Pero, en marzo del 2018, por medio de un contrato esta cooperativa cedió la admininistración a la compañía Koval Management, apoderada por Miguel Macías Ulloa, hijo de un ex-directivo de Álvaro Noboa.

“Actualmente hay un periodo de gracia, entonces no es que no se está pagando. Legalmente, tenemos la posilbilidad deno pagar durante un tiempo porque existe este decreto de emergencia”, explicó Julio Cueva, abogado de Miguel Macías Ulloa.

Según Cueva, “es el decreto que emitió el gobierno en razón de las inundaciones del invierno pasado”. 

Ordoñez pide que se investigue: qué hace la empresa Koval y qué hace Miguel Macías siendo parte de acciones de otras empresas proveedoras de esa administradora. 

“No conozco que exista una prohibición legal,no conozco que eso sea un delito, aquí lo que habría que ver no es quién da el servicio, sino si esos servicios están dados con precios y calidades, como cualquiera  otro proveedor”, dijo Cueva. 

Por su parte, Macías, apoderado de Koval, asegura que ellos están en la administración desde el 2018 y no desde el 2013 cuando fue adquirida la hacienda. Y sobre el millonario préstamo que debe ser cancelado a CFN indicó que actualmente se ha pagado 22 millones de dólares en intereses y 5 millones de dólares en capital.

La secretaria Anticorrupción recalcó que también pedirá que se investgue a las autoridades de control que permitieron estos presuntos delitos. La funcionaria señaló a las superintendencias de Bancos y de Economía Popular y Solidaria.