02 dic 2019 , 11:58

Gobierno presenta denuncia en contra de Tuárez

La funcionaria indicó que aún se esperan los resultados de investigaciones de la Fiscalía.

La secretaria jurídica de la Presidencia de la República, Johanna Pesantes, y el Ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, presentaron este lunes 2 de diciembre, una denuncia en contra del expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, José Carlos Tuárez ( ahora investigado por presunta asociación ilícita) por el mal uso del nombre de la señora Rocío González, esposa del presidente de Ecuador, Lenín Moreno.

 

Según Pesantes, en conversaciones que se han oído dentro de los medios de comunicación y en redes sociales se hace referencia presuntamente a que "ella tendría algún tipo de participación dentro de esta trama de corrupción". Se refiere al caso en que 33 personas están procesadas por presunta asociación ilícita para realizar tráfico de influencias en instituciones públicas, entre ellos Tuárez. 

 

La funcionaria indicó que aún se esperan los resultados de las investigaciones de la Fiscalía. Sin embargo, expresó que bajo ninguna circunstancia "vamos a permitir que se vincule el nombre de ninguna persona relacionada con el gobierno en actos de corrupción".

 

 

Para 27 personas se dictó prisión preventiva y para los otros 6, medidas alternativas. Todos están acusados de ofertar cargos en varias instituciones del Estado, entre estas la Dirección de Aviación Civil (DAC), Aduana, Petroamazonas, hospitales públicos y otros, a cambio de grandes sumas de dinero que podrían llegar hasta los 26 millones de dólares por cargos administrativos de alta jerarquía, de acuerdo a escuchas telefónicas.

 

Además de adjudicación de contratos con entidades públicas, para lo cual presuntamente solicitaban porcentajes de los montos de contratación.

 

Los procesados fueron aprehendidos la madrugada del jueves 28 de noviembre durante el operativo “Emperador”, liderado por Fiscalía, en coordinación con la Policía Nacional, en las provincias de Guayas, Manabí, Pichincha, Los Ríos, Tungurahua y Sucumbíos, tras un proceso investigativo de 4 meses de la Unidad de Administración Pública de Guayaquil.

 

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