Pleno analiza proceso judicial contra Bonilla, Correa y Glas

También, la Asamblea conocerá el informe para segundo debate del proyecto Anticorrupción.

  • También, la Asamblea conocerá el informe para segundo debate del proyecto Anticorrupción. Foto: Asamblea Nacional
31 Julio, 2019, 7:00 am
Por: Redacción 
El pleno de la Asamblea Nacional se reunirá a las 15H30 para la sesión 610, cuando los asambleístas analizarán el pedido de la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho, para el enjuiciamiento penal de la legisladora, Viviana Bonilla; del expresidente, Rafael Correa; y del exvicepresidente, Jorge Glas, por el caso Sobornos 2012-2016.
 
Bonilla, Correa y Glas forman parte de la lista de personas que la fiscal general del Estado, Diana Salazar, busca vincular a la instrucción fiscal por los delitos de asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias. 
 
En el caso de Bonilla también se revisará el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. El análisis del caso de la legisladora (ahora independiente, antes de Alianza PAIS) tiene que ver con el artículo 111 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que establece que se requerirá autorización del pleno para el enjuiciamiento de un asambleísta: "... excepto en los casos que no se encuentren relacionados con el ejercicio de sus funciones". 
 
El pedido de Camacho respone a que Bonilla ejerce funciones como asambleísta nacional y de conformidad con el artículo 128 de la Constitución se debe pedir la autorización antes de procesarla penalmente.
 
También, en esta sesión, la Asamblea conocerá el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica Anticorrupción y Protección del Denunciante.
 
La Comisión de Justicia y Estructura tramitó la propuesta del primer Mandatario, Lenín Moreno, que contempla cambios a la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), al Código Orgánico Integral Penal (Coip).
 
Este proyecto tiene como objetivo definir acciones integrales, compartidas, articuladas y conjuntas entre las entidades públicas y los ciudadanos en la lucha contra la corrupción desde todos los ámbitos, sean civiles o administrativos, adicionales a las que por mandato constitucional y legal, le corresponden a la Fiscalía General para investigar delitos.
 
El pleno de la Asamblea Nacional se reunirá a las 15H30 para la sesión 610, cuando los asambleístas analizarán el pedido de la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho, para el enjuiciamiento penal de la legisladora, Viviana Bonilla; del expresidente, Rafael Correa; y del exvicepresidente, Jorge Glas, por el caso Sobornos 2012-2016.
 
Bonilla, Correa y Glas forman parte de la lista de personas que la fiscal general del Estado, Diana Salazar, busca vincular a la instrucción fiscal por los delitos de asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias. 
 
En el caso de Bonilla también se revisará el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. El análisis del caso de la legisladora (ahora independiente, antes de Alianza PAIS) tiene que ver con el artículo 111 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que establece que se requerirá autorización del pleno para el enjuiciamiento de un asambleísta: "... excepto en los casos que no se encuentren relacionados con el ejercicio de sus funciones". 
 
El pedido de Camacho respone a que Bonilla ejerce funciones como asambleísta nacional y de conformidad con el artículo 128 de la Constitución se debe pedir la autorización antes de procesarla penalmente.
 
También, en esta sesión, la Asamblea conocerá el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica Anticorrupción y Protección del Denunciante.
 
La Comisión de Justicia y Estructura tramitó la propuesta del primer Mandatario, Lenín Moreno, que contempla cambios a la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), al Código Orgánico Integral Penal (Coip).
 
Este proyecto tiene como objetivo definir acciones integrales, compartidas, articuladas y conjuntas entre las entidades públicas y los ciudadanos en la lucha contra la corrupción desde todos los ámbitos, sean civiles o administrativos, adicionales a las que por mandato constitucional y legal, le corresponden a la Fiscalía General para investigar delitos.
 
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