23 nov 2018 , 07:40

Diego García responde al juicio político en su contra

Diego García, quien hasta enero fue procurador general del Estado, se defendió de las críticas a la gestión que realizó durante los 10 años que estuvo en el cargo. A las puertas de un juicio político y con investigaciones penales en la Fiscalía, García dice que no se lo puede juzgar únicamente por los litigios internacionales perdidos. García fue abogado del Estado desde abril de 2008, cuando lo nombró la asamblea de Montecristi, y permaneció en el cargo durante todo el gobierno de Rafael Correa.

Diego García, quien hasta enero fue procurador general del Estado, se defendió de las críticas a la gestión que realizó durante los 10 años que estuvo en el cargo. A las puertas de un juicio político y con investigaciones penales en la Fiscalía, García dice que no se lo puede juzgar únicamente por los litigios internacionales perdidos.

García fue abogado del Estado desde abril de 2008, cuando lo nombró la asamblea de Montecristi, y permaneció en el cargo durante todo el gobierno de Rafael Correa.

El pasado jueves 15 de noviembre, la comisión de Fiscalización aprobó el informe para llamar al exfuncionario a juicio político. Durante su gestión, el país pagó más de 2 mil millones de dólares por litigios internacionales perdidos.

En 2016, Ecuador le pagó a la petrolera Occidental 1.061 millones de dólares y a Chevron $ 112 millones por orden de la Corte de La Haya. Al respecto, García manifestó que no solo hay que fijarse en los juicios perdidos.

Además, la Fiscalía lo investiga por el caso Odebrecht y también se lo ha llamado a declarar por el traslado de capital a manos privadas en la hidroeléctrica Sigchos.

El caso Chevron III, que perdió Ecuador, también fue litigado enteramente durante su gestión. El gobierno actual está a la espera de que se fije el monto de la indemnización y prevé acciones de repetición para trasladar al régimen anterior la responsabilidad por el dinero perdido durante el correísmo.

Mientras, García rechaza que busquen involucrarlo en procesos penales.

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