Último plazo para aprobar Ley de fomento productivo

Si los legisladores no llegan a un consenso sobre el proyecto de Ley de Fomento Productivo que se debatirá y votará este 21 de junio en la Asamblea Nacional, el cuerpo legal entrará en vigencia tal y como lo envió el Ejecutivo hace un mes. 

 

En los últimos días, la normativa ha generado más reparos. Por ello, si la votación no se lleva cabo, este segundo paquete de reformas económicas entrará en vigencia por el ministerio de la ley sin las modificaciones hechas en la Asamblea, pues el texto llegó con el carácter de económico urgente.

 

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La bancada de CREO presentará una propuesta alternativa sobre las reglas macrofiscales denominada ‘Normas fiscales de compromiso con el futuro’. Proponen que si se ha superado el 40 % del PIB, se presente un programa que detalle las medidas a tomar y que sea aprobado por la Asamblea.

 

Por su parte, el exasambleísta y representante de jubilados Henry Llanes manifestó que el proyecto no demuestra una predisposición a pagar la deuda con el IESS ni ha establecido la prohibición de que el Estado tome más dinero de la entidad.

 

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Se esperaba que el 19 de junio se lleve a cabo la votación, sin embargo, el debate fue suspendido. 

 

Durante esa sesión el asambleísta Mauricio Proaño, de Pichincha, subrayó que la remisión de intereses, multas y recargos en las obligaciones para distintos sectores, si bien es una herramienta válida en determinadas condiciones económicas, no es la solución definitiva para la reactivación productiva.

 

Mientras, Héctor Muñoz advirtió que no se puede dejar a la libre discrecionalidad del Presidente de la República la revisión y/o eliminación del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), ya que de acuerdo con la Constitución se debe respetar el principio de reserva de ley, por el cual el establecimiento, reforma o eliminación de tributos solo se puede aprobar mediante ley.

 

Para el legislador Luis Pachala, es necesario incluir una sección que reforme la Ley de Fomento y Desarrollo Agrícola, a fin de establecer disposiciones claras que aseguren una adecuada gestión del agro, sobre todo de los pequeños productores, que son quienes garantizan la soberanía alimentaria.

 

Por su parte, Esteban Albornoz, presidente de la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico se mantiene optimista.