Renovación de Corte Constitucional, estancada

El pasado viernes 11 de mayo, la Corte Constitucional confirmó el inicio de su proceso de renovación. Para ello, se debía integrar una Comisión Calificadora conformada por dos representantes de las Función Legislativa, dos de la Función Ejecutiva y dos más de la Función de Transparencia. Sin embargo, en un comunicado, la Asamblea Nacional anunció que se abstendrá de emitir nombres para dicha comisión hasta que culmine el proceso de evaluación iniciado a los integrantes de la Corte Constitucional por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Ciudadano transitorio.

La decicisón se toma "en vista de que la Función de Transparencia y Control Social (FTCS) no se reunió, ni designó a sus dos delegados para que formen parte de la Comisión Calificadora y por las razones de público conocimiento expresadas en la comunicación suscrita por el Contralor subrogante". 

Al respecto, el contralor subrogante, Pablo Celi, en un oficio con fecha de 16 de mayo, indicó que "no cabe que autoridades cuya evaluación ha sido dispuesta por mandato popular designen delegados para el nombramiento de autoridades de instituciones que se encuentran también sometidas a dicho procedimiento". Ante ello, la Contraloría General del Estado no concurrirá a ninguna sesión que pretenda adoptar decisiones contrarias al mandato popular, señala el documento. 

El 4 de febrero de 2018, vía referéndum, se aprobó la pregunta No. 3 y su correspondiente anexo, que dispuso la reestructuración del Consejo Participación Ciudana y Control Social. De esta forma, también se facultó al Consejo de Participación transitorio para evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos.

Hasta la fecha, siete jueces de la Corte Consitucional enviaron sus informes de gestión al Consejo de Participación transitorio. Cinco jueces fueron los últimos en presentar sus informes de gestión. Francisco Butiñá, Wendy Molina, Tatiana Ordeñana, Marien Segura y Ruth Seni se sumaron a Roxana Silva y Manuel Viteri Olvera, quienes presentaron sus documentos el 17 de mayo del 2018. 

Por su parte, Alfredo Ruiz (presidente) y Pamela Martínez (vicepresidenta) solicitaron un plazo extra de siete días, que en ambos casos fue aceptado por el órgano temporal.