08 feb 2018 , 08:28

Canciller Espinosa: la decisión de la CorteIDH es un “triunfo del pueblo”

Corte Interamericana desestimó pedido de medidas a favor del Consejo de Participación.


La canciller María Fernanda Espinosa dijo el jueves 8 de febrero de 2018 que es un triunfo para el pueblo ecuatoriano la desestimación de las medidas provisionales en favor de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), que había solicitado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

 

La noticia la recibió la delegación ecuatoriana en Costa Rica minutos antes de reunirse con los jueces de la Corte IDH.

 

Según Espinosa, la decisión de la Corte IDH valida los resultados de la consulta popular en la que los ecuatorianos votaron durante el domingo 4 de febrero de 2018. 

 

“Luego de las deliberaciones de la Corte y considerando los alegatos y la defensa del Estado ecuatoriano, ha decidido desechar de plano esa pretensión”, manifestó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Lea: Corte Interamericana de Derechos Humanos desestima pedido de CIDH sobre Consejo de Participación Ciudadana

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Es un gran triunfo para la defensa ecuatoriana, para el país, pero sobre todo es un gran triunfo del pueblo ecuatoriano y su decisión y voluntad de expresarse en las urnas en la consulta popular y referéndum del domingo 4 de febrero”, aseveró la canciller, acompañada, entre otros, de la ministra de Justicia, Rosana Alvarado; el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano; y el secretario de la Política, Miguel Carvajal. 



 

Desde Quito y en una rueda de prensa la noche del jueves 8 de febrero de 2018, la canciller Espinosa dijo que la presencia de la delegación ecuatoriana en Costa Rica fue de enorme importancia para recibir de primera mano el pronunciamiento de la Corte.

 

Considera que la resolución de la Corte Interamericana “no solamente contribuye a ratificar la legitimidad de la consulta popular, sino sobre todo a profundizar la democracia en nuestro país y a respetar la decisión popular”. 

 

La ministra de Relaciones Exteriores reiteró que el respeto de Ecuador a todos los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.






En la rueda de prensa, el presidente de la Asamblea, José Serrano, indicó que en cuanto a la comisión ocasional que debe tramitar las reformas de lo aprobado en la consulta, el miércoles han convocado al Consejo de Administración Legislativa (CAL) y que hasta el próximo viernes se deberán haber definido sus integrantes. 

 

Según el titular del Legislativo, la perspectiva es que hasta el 15 de marzo se puedan tener listas las reformas relacionadas con la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana en marzo de 2019 y la derogatoria de los temas relacionados con la Ley de Plusvalía.




 


 

 

El jueves, una delegación de varias funciones del Estado viajó a la sede de la CorteIDH en Costa Rica para defender el proceso de referéndum y consulta popular del 4 de febrero de 2018, en el que se planteó, entre otros temas, que se reestructure el CPCCS y se dé paso a la conformación de un consejo transitorio.

 

Más temprano, tras conocer la decisión del organismo internacional, el presidente de la República, Lenín Moreno, resaltó, a través de su cuenta de Twitter, "el triunfo del derecho y de la voluntad popular".

 

Con cuatro votos a favor y dos en contra, la Corte Interamericana de Derechos Humanos desestimó el 8 de febrero de 2018 las medidas provisionales solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
 

El 6 de febrero de 2017, la CIDH pidió medidas provisionales a favor de los consejeros de Participación Ciudadana, Edwin Jarrín, Tania Pauker y Sonia Vera, "con el propósito de que ordene al Estado ecuatoriano que se abstenga de destituir a los miembros del Consejo y de crear un consejo transitorio que pueda generar riesgos en la efectividad del Estado democrático de derecho".

 

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