21 ago 2017 , 10:25

12 militantes se separan de Avanza tras investigación a Ramiro González

Los renunciantes aseguran que su decisión obedece a una crisis de la organización.

La noticia se conoció 48 horas después de los operativos que la Fiscalía General del Estado realizó en el marco de la investigación al exministro de Industrias y exdirectivo del IESS, Ramiro González. Doce militantes del partido Avanza, fundado y liderado por el exfuncionario investigado, anunciaron su separación de las filas de la organización política.

 

Se trata de 5 exasambleístas, entre ellos Bayron Pacheco; 6 directores y 1 dirigente del partido Avanza, quienes a través de un comunicado detallan las razones de su decisión.

 

En la misiva, los renunciantes aclaran que la “la crisis de la organización política no se origina con las investigaciones realizadas por la Fiscalía al presidente nacional del partido” y la atribuyen a “un proceso de decisiones políticas equivocadas que han llevado a la organización a su dispersión en la segunda vuelta electoral y la desorganización actual”.

 

También aclaran que ellos no son responsables del manejo económico del partido político, y señalan como un error el no haberse presentado a la contienda electoral con candidato presidencial.

 

Ramiro González es buscado actualmente por las autoridades; la Fiscalía lo investiga por el delito de defraudación tributaria.

 

Según un comunicado de la Fiscalía, informes presentados por el Servicio de Rentas Internas (SRI) señalan que González recibió acreditaciones por $2'217.399, entre 2012 y 2016. Esto, mientras que sus declaraciones presentadas reflejan un valor de $391.168, por lo que se determina un valor no justificado de $1'826.230.

 

A su nombre constan, además, bienes ubicados en las provincias de Pichincha, Esmeraldas y Manabí. 

 

En los allanamientos efectuados el 18 de agosto de 2017, se incautaron 22 obras de arte y 3 esculturas, además de joyas, documentos y computadores. En dichos operativos, fue detenida su esposa Carmen G., investigada por el delito de enriquecimiento privado no justificado, a quien el juez dictó medidas sustitutivas.

 

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