24 sep 2020 , 01:30

Isspol conocerá en 3 días si Decevale tiene sus bonos por $532 millones

Gobierno busca información sobre los millones invertidos por Isspol.

Este jueves 24 de septiembre, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, llegó a las oficinas de la empresa de Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores (Decevale S.A.), ubicada en el centro de Guayaquil, donde se reunió con la interventora de esa compañía, Silvia Lozano Hidalgo, quien se posesionó el pasado viernes.

 

 

Ella será la encargada de entregar información sobre la custodia de papeles de las transacciones por más de 532 millones de dólares que hizo el Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) entre el año 2014 y 2017, cuyo dinero ahora mismo no saben donde está.

 

"Vamos a pedir que los documentos que en el portafolio constan como bonos del estado ecuatoriano sean transferidos a nuestra cuenta en el Banco Central del Ecuador. Ya más adelante, Decevale tendrá que explicarles a sus propias autoridades de control como podían tener en custodia bonos. Este tipo d eobligaciones, títulos, el tiempo habitual es de tres días, según lo que nosotros conocemos, así que en ese tiempo debería efectivizarse lo que Decevale dice tener", comentó Romo. 

 

Entre las irregularidades que habría cometido Decevale, está es la compañía que no debía custodiar bonos del estado, pues cuando se trata de bonos de deuda interna nacional, el ente a cargo de esto es el Banco Central del Ecuador.

 

Según el comandante nacional de la Policía, quienes robaron el dinero de las inversiones del Isspol, son parte del crimen organizado. "Sabemos perfectamente a quienes estamos enfrentando, aquí no es un tema que ligue a 4 personas ambiciosas, abandonando las políticas corporativas como en el Isspol, pudieron haber permitido. Aquí hay la participación de algunas personas con status, con economía criminal, actúan de una manera muy similar al crimen organizado", dijo el comandante Patricio Carrillo. 

 

Con estas diligencias, se abren caminos para identificar quienes son las personas responsables de permitir que se roben más de 532 millones de dólares de los fondos de los policías del Ecuador.

 

 

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