Consulta popular sobre minería en Azuay costaría millones de dólares, según Gobierno

El viceministro de Minas, Enrique Gallegos, advierte que Ecuador tendría que pagar millones de dólares si se da paso a una consulta popular -impulsada por el prefecto de Azuay- en la que se proponga la cancelación de las concesiones mineras que actualmente existen en esa provincia. 

Gallegos presentó este miércoles 12 de febrero una respuesta a la Corte Constitucional sobre este proceso; mientras el viceministro de Ambiente y el subsecretario del Agua, Ramiro Montalvo y Carlos Andrade, respectivemante, pidieron ser incluidos en esta diligencia a través de un Amicus Curiae, un recurso legal que le permite a terceros ofrecer su testimonio durante un proceso.   

Montalvo  y Andrade consideran que si se suspenden las consesiones mineras formales, la minería ilegal se tomaría esos espacios e implicaría otros delitos. 

El pasado 7 de enero el prefecto de Azuay, Yaku Pérez, presentó la solicitud de consulta popular a la Corte Constitucional con la intención de que se prohíba, sin excepción, la minería metálica en el territorio austral.

La Corte Constitucional deberá resolver este pedido.