10 nov 2019 , 12:04

Comisión prepara segundo informe de ley económica

La normativa propone reformas a 22 cuerpos legales.

La Comisión de Régimen Económico tiene cuatro días para elaborar el informe para segundo debate, una vez concluida la primera discusión en el Pleno, tomando en cuenta las observaciones planteadas por los parlamentarios y los sectores que han dado sus aportes a la normativa de carácter urgente en materia económica.

 

Más de 70 legisladores dieron sus observaciones al proyecto de Ley de Crecimiento Económico, calificado por el Ejecutivo como urgente en esta materia. El Pleno, también, recibió en comisión general a representantes de los productores de cerveza artesanal, del sector agrícola, a los afectados por los procesos coactivos en los créditos educativos del Ex Instituto Ecuatoriano de Créditos Educativos (Iece), y a un grupo de emprendedores, quienes respaldaron la propuesta.

 

La normativa busca alcanzar crecimiento económico, corresponsabilidad con los recursos públicos, impulso a los emprendedores, sostenibilidad de los recursos de todos los ecuatorianos, reactivación económica, fortalecimiento de la dolarización, lo cual generará empleo, según el ponente del proyecto, Daniel Mendoza.

 

Los sectores organizados creen que con la aplicación del proyecto de Ley de Crecimiento Económico se beneficiarían más de ocho mil personas que adquirieron un crédito educativo; se promovería el emprendimiento con la eliminación del anticipo al Impuesto a la Renta y la reducción del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), entre otros factores positivos que traería la norma.

 

A lo largo de las intervenciones de los legisladores se evidenciaron opiniones divididas en torno a la viabilidad de la propuesta del Gobierno Nacional. Algunos asambleístas consideraron que se trata de una iniciativa que beneficia a diversos sectores, entre ellos  a miles de estudiantes que no han podido pagar sus créditos educativos, el apoyo al sector agropecuario, bananero, al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, así como el fortalecimiento de la dolarización, al garantizar la independencia del Banco Central del Ecuador (BCE).

 

Varios parlamentarios consideraron pertinente mejorar la propuesta del Ejecutivo para dar respuesta a las demandas del pueblo, para lo cual es oportuno alcanzar acuerdos que permitan el fomento a la creación de empleo, seguridad para todos, manejo responsable de las finanzas públicas y la real justicia social; es decir, encontrar alternativas para que los ecuatorianos alcancemos mejores condiciones de vida. Una idea común entre los parlamentarios fue la necesidad de profundizar en los temas urgentes y establecer prioridades en beneficios de los 17 millones de ecuatorianos.

 

Distintos legisladores creen que la iniciativa del Ejecutivo no debe ser archivada, ni tampoco pasar por el Ministerio de la Ley. Reiteraron su posición contra el establecimiento de nuevas cargas tributarias a la telefonía celular, ni a los vehículos. Pidieron la eliminación del Impuesto a la Salida de Divisas. Propusieron un análisis técnico de las 22 reformas a cuerpos legales.

 

Otros asambleístas consideran que el proyecto es recaudatorio, solicitaron su archivo por ser inconstitucional, ya que trata varias materias. De acuerdo a varios criterios, para que haya una real redistribución de la riqueza hay que apostar al crecimiento económico y el camino es racionalizar el gasto público, reducir impuestos, establecer beneficios que permitan apoyar a las micro y pequeñas empresas. Señalaron la urgencia de fortalecer el control y la supervisión por parte de la Superintendencia de Bancos.

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