13 sep 2019 , 01:02

Un interno, octavo vinculado al caso de Raúl Llerena

Jueza reformuló cargos contra 8 procesados: de intento de asesinato a intento de sicariato

Un interno de la cárcel del Turi, en Cuenca, es el nuevo vinculado al atentado contra el abogado Raúl Llerena, ocurrido el 12 de agosto de 2019, y que ahora se investiga como intento de sicariato.

En la audiencia de reformulación de cargos, que se realiza un mes después del ataque al jurista, la jueza de la Unidad Penal de Samborondón, Marlene Sotomayor, acogió el pedido de Fiscalía de cambiar el delito, antes intento de asesinato. Allí, vinculó a Fidelino A. C., un privado de la libertad quien cumple sentencia por robo con muerte; y ratificó medidas como prisión y arresto domiciliario a los investigados.

 

Durante la diligencia, el fiscal Marco Ordeñana presentó nuevos elementos de convicción, como la pericia de explotación telefónica a los celulares de los procesados, que revelaría conversaciones y fotografías relacionados con el hecho que se investiga.

 

A estos elementos se suman: el informe de balística al arma incautada, una prueba dactiloscópica a las huellas encontradas en el vehículo en el que se cometió el ilícito, así como un informe de inspección ocular técnica a los indicios recogidos en el lugar de los hechos. Finalmente, una pericia de audio y video a las cámaras de seguridad de varias urbanizaciones cercanas al puente que une Samborondón con Guayaquil.

 

Francisco Romero, defensor de Llerena, reveló novedades en las indagaciones, entre ellas que la Fiscalía -a través de pericias realizadas-, encontró un listado de varias personas contra quienes la banda iba a atentar.

 

Señaló como principal sospechoso de estas revelaciones a Luis S., presunto autor intelectual, quien permanece bajo arresto domiciliario, medida que es rechazada por los familiares de la víctima. El procesado tiene antecedentes por tenencia de armas y robo.

 

En cuanto al estado de salud de Llerena, su familia asegura que aún se recupera de la balacera.

 

Con esta nueva vinculación, la instrucción fiscal se extiende 30 días más.

 

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