Corte reitera que el Estado no tiene derecho a la honra

La institución anuló dos sentencias de jueces de Pichincha en contra de diario La Hora.

  • La Corte Constitucional (CC) aclaró que el Estado y sus instituciones no tienen derecho a la honra. Foto: API
11 Septiembre, 2019, 10:24 pm
Por: Televistazo 
La Corte Constitucional (CC) aclaró que el Estado y sus instituciones no tienen derecho a la honra y el buen nombre, por lo tanto, no los pueden exigir mediante recursos judiciales contra ciudadanos o medios de comunicación.
 
Esta disposición fue ratificada por la Corte mediante un pronunciamiento en el que además anuló dos sentencias de jueces de Pichincha en contra de diario La Hora, en 2012 y 2013. Estas decisiones le obligaron al medio a rectificar y ofrecer disculpas, después de que el gobierno del expresidente Rafael Correa usara recursos judiciales para hacer prevalecer sus puntos de vista.
 
La entidad estableció que ese mecanismo atenta contra la libertad de expresión 
 
La sentencia también establece que la información oficial no puede entenderse como verdadera. Así que el poder público no podrá imponerla con pedidos de rectificación o réplica a los medios.
 
La institución ordena además que su sentencia llegue a todos los jueces del país y que sean capacitados sobre este tema.
 
Revise el reportaje completo: 
 

La Corte Constitucional (CC) aclaró que el Estado y sus instituciones no tienen derecho a la honra y el buen nombre, por lo tanto, no los pueden exigir mediante recursos judiciales contra ciudadanos o medios de comunicación.
 
Esta disposición fue ratificada por la Corte mediante un pronunciamiento en el que además anuló dos sentencias de jueces de Pichincha en contra de diario La Hora, en 2012 y 2013. Estas decisiones le obligaron al medio a rectificar y ofrecer disculpas, después de que el gobierno del expresidente Rafael Correa usara recursos judiciales para hacer prevalecer sus puntos de vista.
 
La entidad estableció que ese mecanismo atenta contra la libertad de expresión 
 
La sentencia también establece que la información oficial no puede entenderse como verdadera. Así que el poder público no podrá imponerla con pedidos de rectificación o réplica a los medios.
 
La institución ordena además que su sentencia llegue a todos los jueces del país y que sean capacitados sobre este tema.
 
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