Pugna en el CPCCS por concurso de defensor Público

Los comisionados a cargo del proceso renunciaron. Consejero asegura que proceso sigue.

QUITO, Ecuador.- Los comisionados a cargo del proceso renunciaron. Consejero asegura que proceso sigue. Foto: API
24 Abril, 2019, 11:00 am
Por: Teresa Menéndez 

Una nueva pugna surge en el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) transitorio, dentro del concurso para designar al nuevo defensor Público. El organismo afronta ahora la renuncia de los cuatro integrantes de la comisión ciudadana a cargo de este proceso. 

En la sesión de este 24 de abril de 2019, Liseth Álvarez, coordinadora de la comisión, hizo pública la "renuncia irrevocable" de los miembros de esa mesa ciudadana, enumeró las razones, entre ellas, resaltó su "desacuerdo" por la descalificación de cuatro postulantes que realizó el pleno del Consejo transitorio, en su reunión del 23 de abril.

"Estamos en total desacuerdo con lo resuelto en la sesión del pleno, esa decisión no se encuentra conforme lo determina el mandato, se deja a un lado el principio de meritocracia en el que debe basarse el concurso... Causa sorpresa que en este momento, a una de las postulantes mejor puntuadas, Gina Gómez, se la haya separado del proceso, la impugnación fue archivada porque no se presentó el impugnante y no tenía pagos pendientes con el SRI", afirmó la comisionada.

El pleno del CPCCS transitorio descalificó a Gina Gómez, Jaime Santos, Ángel Torres y Luis Fernando Ávila tras aceptar las impugnaciones ciudadanas, y habilitó para este proceso a Juan Pablo Morales, Gonzalo Realpe y José Franco.

 

 

 
Álvarez recordó, asimismo, que sus actividades como comisión concluían con el informe de impugnación, el cual fue presentado el 10 de abril de este año. "Hemos cumplido con independencia, imparcialidad e idoneidad... Dejar claro que nosotros teníamos injerencia en 50 de los 100 puntos que se calificaba a cada postulante, no podíamos dar calificaciones adicionales si los postulantes no presentaban la documentación respectiva".
 
No es la primera vez que hay impasses en la comisión. El 4 de abril de 2019, el secretario Miguel Ángel Sevilla renunció por supuestas iregularidades y en su reemplazo se designó a Tania Ortiz. En ese entonces, los comisionados negaron que existan presiones para elegir al nuevo defensor Público, y aseguraron que el concurso se ha llevado con total transparencia. 
 
Para el consejero Luis Hernández, los comisionados están en su derecho de renunciar, de allí que indicó que se conformará otra comisión y confía en que los tiempos alcancen para designar a la máxima autoridad de la Defensoría Pública. "El proceso está un 95% avanzado, así que este Consejo designará a la nueva autoridad".
 
Asimismo, aclaró las inhabilidades de dos de los postulantes. En el caso de Gina Gómez, mostró un documento del SRI en el que se informa que tiene obligaciones pendientes, como la presentación de anexos de gastos personales de los años 2015, 2016 y 2017.
 
Sobre Ángel Torres, señaló que fue inhabilitado porque en su hoja de vida señalaba que es abogado desde 1989, pero verificaron que se graduó en 2013. "Todo lo que hace la comisión puede ser revisado por el Consejo... Estamos respetando los procesos, si se tiene a cuatro impugnados que no pasan, quiere decir que no tienen la probidad, por más méritos que tengan, no son probos porque eso dicen las impugnaciones y hay que pasar a los tres siguientes, lo mismo hubiese pasado en los otros concursos".
 
 
 

Una nueva pugna surge en el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) transitorio, dentro del concurso para designar al nuevo defensor Público. El organismo afronta ahora la renuncia de los cuatro integrantes de la comisión ciudadana a cargo de este proceso. 

En la sesión de este 24 de abril de 2019, Liseth Álvarez, coordinadora de la comisión, hizo pública la "renuncia irrevocable" de los miembros de esa mesa ciudadana, enumeró las razones, entre ellas, resaltó su "desacuerdo" por la descalificación de cuatro postulantes que realizó el pleno del Consejo transitorio, en su reunión del 23 de abril.

"Estamos en total desacuerdo con lo resuelto en la sesión del pleno, esa decisión no se encuentra conforme lo determina el mandato, se deja a un lado el principio de meritocracia en el que debe basarse el concurso... Causa sorpresa que en este momento, a una de las postulantes mejor puntuadas, Gina Gómez, se la haya separado del proceso, la impugnación fue archivada porque no se presentó el impugnante y no tenía pagos pendientes con el SRI", afirmó la comisionada.

El pleno del CPCCS transitorio descalificó a Gina Gómez, Jaime Santos, Ángel Torres y Luis Fernando Ávila tras aceptar las impugnaciones ciudadanas, y habilitó para este proceso a Juan Pablo Morales, Gonzalo Realpe y José Franco.

 

 

 
Álvarez recordó, asimismo, que sus actividades como comisión concluían con el informe de impugnación, el cual fue presentado el 10 de abril de este año. "Hemos cumplido con independencia, imparcialidad e idoneidad... Dejar claro que nosotros teníamos injerencia en 50 de los 100 puntos que se calificaba a cada postulante, no podíamos dar calificaciones adicionales si los postulantes no presentaban la documentación respectiva".
 
No es la primera vez que hay impasses en la comisión. El 4 de abril de 2019, el secretario Miguel Ángel Sevilla renunció por supuestas iregularidades y en su reemplazo se designó a Tania Ortiz. En ese entonces, los comisionados negaron que existan presiones para elegir al nuevo defensor Público, y aseguraron que el concurso se ha llevado con total transparencia. 
 
Para el consejero Luis Hernández, los comisionados están en su derecho de renunciar, de allí que indicó que se conformará otra comisión y confía en que los tiempos alcancen para designar a la máxima autoridad de la Defensoría Pública. "El proceso está un 95% avanzado, así que este Consejo designará a la nueva autoridad".
 
Asimismo, aclaró las inhabilidades de dos de los postulantes. En el caso de Gina Gómez, mostró un documento del SRI en el que se informa que tiene obligaciones pendientes, como la presentación de anexos de gastos personales de los años 2015, 2016 y 2017.
 
Sobre Ángel Torres, señaló que fue inhabilitado porque en su hoja de vida señalaba que es abogado desde 1989, pero verificaron que se graduó en 2013. "Todo lo que hace la comisión puede ser revisado por el Consejo... Estamos respetando los procesos, si se tiene a cuatro impugnados que no pasan, quiere decir que no tienen la probidad, por más méritos que tengan, no son probos porque eso dicen las impugnaciones y hay que pasar a los tres siguientes, lo mismo hubiese pasado en los otros concursos".
 
 
 
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