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Peculado y otras irregularidades fueron detectadas en reconstrucción de Manabí

Redacción

tmenendez

|

Miércoles 13 de Marzo de 2019 - 13:18
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  • MANABÍ, Ecuador.- En reasentamiento “La Nueva Chorrera”, las casas que fueron entregadas no tienen agua potable. Foto: Archivo
Video: MANABÍ, Ecuador.- En reasentamiento “La Nueva Chorrera”, las casas que fueron entregadas no tienen agua potable. Foto: Archivo MANABÍ, Ecuador.- En reasentamiento “La Nueva Chorrera”, las casas que fueron entregadas no tienen agua potable. Foto: Archivo
Delitos como peculado, testaferrismo, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias fueron detectadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) transitorio, en un informe que aprobó este 13 de marzo de 2019, en su sesión del pleno.
 
 
 
 
Según el documento, se favoreció con contratos a empresas con vínculos familiares de funcionarios; obras con sobreprecio; multas sin cobrar, subcontrataciones indebidas; contratos modificatorios irregulares; cambios en los diseños y estudios de carreteras sin justificación técnica; y pagos por rubros no ejecutados.
 
 
 
 
 
 
"Para atender la catástrofe, se expidieron 6 decretos de emergencia con 5 renovaciones, varios acuerdos ministeriales e innumerables resoluciones administrativas, a fin de asignar fondos públicos para la ejecución de millonarias contracciones directas", consta en el informe.
 
También explica que durante la inspección de campo en la zona, se comprobó que "existen personas viviendo en carpas improvisadas. No hay cobertura suficiente de servicios básicos, por lo que en varias zonas se puede constatar las aguas servidas y su consecuente efecto de insalubridad".
 
 
 
 
En el reasentamiento "La Nueva Chorrera", las casas entregadas no tienen agua potable, en su lugar llega agua salobre y las tuberías de aguas servidas bajan por el techo de la cocina. En la "Antigua Chorrera" viven varias familias que no recibieron vivienda. Siete casas  fueron donadas por la Fundación de Pescadores.
 
En la vía Manta-Colisa con sus puentes, una de las obras más grande en vialidad de la provincia y cuyo costo ascendió a $100 millones, se constató que no existe un gran flujo vehicular, los camiones que llevan carga pesada desde el Puerto de Manta ocupan la vía Puerto-Aeropuerto, puesto que es más directa. Además, existen al menos 40 predios afectados que fueron confiscados presuntamente de manera ilegal.
 
Carlos Bernal Alvarado, exsecretario técnico del Comité de Reconstrucción; Susana Dueñas, exsecretaria de Gestión de Riesgos y exgobernadora de Manabí; y Franklin Bernal Quintero, exsubsecretario de la Regional 4 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y padre de Carlos Bernal, son señalados como responsables de los delitos mencionados.
 
 
 
El Consejo pidió a la Contraloría realizar exámenes especiales a estas contrataciones.
 
Después de un análisis comparativo entre Contraloría, Procuraduría y Fiscalía General del Estado, se evidenció que la información proporcionada es incompleta; en materia financiera, por ejemplo, las cifras proporcionadas al CPCCS sobre los mismos temas no coinciden. De allí que el organismo transitorio recomienda la creación de un sistema interinstitucional en el que se incluya a las entidades mencionadas para consolidar la información.
 
La subcoordinación nacional de Patrocinio del CPCCS actuará como parte procesal en las investigaciones previas iniciadas por Fiscalía y realizará el seguimiento ante los órganos competentes del Estado. 
 
 

Delitos como peculado, testaferrismo, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias fueron detectadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) transitorio, en un informe que aprobó este 13 de marzo de 2019, en su sesión del pleno.

 

Revise: Contraloría: Irregularidades en manejo de reconstrucción

 

 

 

Según el documento, se favoreció con contratos a empresas con vínculos familiares de funcionarios; obras con sobreprecio; multas sin cobrar, subcontrataciones indebidas; contratos modificatorios irregulares; cambios en los diseños y estudios de carreteras sin justificación técnica; y pagos por rubros no ejecutados.

 

 

 

 

 

 

"Para atender la catástrofe, se expidieron 6 decretos de emergencia con 5 renovaciones, varios acuerdos ministeriales e innumerables resoluciones administrativas, a fin de asignar fondos públicos para la ejecución de millonarias contracciones directas", consta en el informe.

 

También explica que durante la inspección de campo en la zona, se comprobó que "existen personas viviendo en carpas improvisadas. No hay cobertura suficiente de servicios básicos, por lo que en varias zonas se puede constatar las aguas servidas y su consecuente efecto de insalubridad".

 

 

Además: Unos $2.180 millones destinados a reconstrucción

 

 

En el reasentamiento "La Nueva Chorrera", las casas entregadas no tienen agua potable, en su lugar llega agua salobre y las tuberías de aguas servidas bajan por el techo de la cocina. En la "Antigua Chorrera" viven varias familias que no recibieron vivienda. Siete casas  fueron donadas por la Fundación de Pescadores.

 

En la vía Manta-Colisa con sus puentes, una de las obras más grande en vialidad de la provincia y cuyo costo ascendió a $100 millones, se constató que no existe un gran flujo vehicular, los camiones que llevan carga pesada desde el Puerto de Manta ocupan la vía Puerto-Aeropuerto, puesto que es más directa. Además, existen al menos 40 predios afectados que fueron confiscados presuntamente de manera ilegal.

 

Carlos Bernal Alvarado, exsecretario técnico del Comité de Reconstrucción; Susana Dueñas, exsecretaria de Gestión de Riesgos y exgobernadora de Manabí; y Franklin Bernal Quintero, exsubsecretario de la Regional 4 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y padre de Carlos Bernal, son señalados como responsables de los delitos mencionados.

 

 

 

El Consejo pidió a la Contraloría realizar exámenes especiales a estas contrataciones.

 

Después de un análisis comparativo entre Contraloría, Procuraduría y Fiscalía General del Estado, se evidenció que la información proporcionada es incompleta; en materia financiera, por ejemplo, las cifras proporcionadas al CPCCS sobre los mismos temas no coinciden. De allí que el organismo transitorio recomienda la creación de un sistema interinstitucional en el que se incluya a las entidades mencionadas para consolidar la información.

 

La subcoordinación nacional de Patrocinio del CPCCS actuará como parte procesal en las investigaciones previas iniciadas por Fiscalía y realizará el seguimiento ante los órganos competentes del Estado. 

 

 

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