Prefecto Mariano Zambrano rinde versión en Fiscalía

La autoridad de Manabí calificó denuncias como “infundadas, sin criterio y sin sustento”.

QUITO, Ecuador.- La autoridad de Manabí calificó denuncias como “infundadas, sin criterio y sin sustento”. Foto: API
16 Agosto, 2018, 10:41 am
Por: Redacción 
Al tercer llamado de la Fiscalía acudió el prefecto de Manabí, Mariano Zambrano Segovia, a rendir su versión, dentro del proceso por actos de corrupción que se sigue en su contra y en contra de su hijo, el asambleísta Mariano Zambrano Vera. 
 
En medio de simpatizantes y otras autoridades de la provincia, el funcionario rechazó las acusaciones en su contra, a las que calificó como “totalmente infundadas sin criterio y sin sustento”.
 
Aunque es la tercera convocatoria, Zambrano asegura que es la segunda puesto que la primera vez no recibió la notificación. “Nosotros tenemos el tiempo suficiente para hacer los descargos correspondientes”.
 
Previo al ingreso a dar su testimonio, aseguró -sin dar nombres- que hay muchos políticos detrás de esto. 

 

 
El Consejo de Participación Ciudadana transitorio denunció, en junio de 2018, a ambas autoridades por los delitos de delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, perjurio, testaferrismo y lavado de activos.
 
Según el organismo, desde el 2011, padre e hijo habrían manejado una red de corrupción con contratos de empresas públicas e instituciones, que ascendería a $70 millones. 
 
El transitorio pidió a Fiscalía que el caso se radique en Quito en vista de que en Manabí, en donde se denunció enriquecimiento ilícito del prefecto, las investigaciones no avanzan.
 
Pero no es el único frente abierto contra Zambrano Segovia. Un informe de la Contraloría General del Estado, revelado a fines de julio de este 2018, determinó al menos 13 irregularidades en la contratación, ejecución y fiscalización de obras públicas en el sector de la Manga del Cura, y estableció sanciones de destitución a la autoridad provincial y a otros 10 funcionarios de la Prefectura de Manabí.
 
Con base en el documento, la Contraloría predeterminó glosas por $2,2 millones para los involucrados. Además, otra sanción por 1$67.433. A partir de la notificación, los funcionarios tienen 30 días para plantear sus argumentos de descargo al órgano de control, tras lo cual la Contraloría emitirá otro pronunciamiento. 
 
Al tercer llamado de la Fiscalía acudió el prefecto de Manabí, Mariano Zambrano Segovia, a rendir su versión, dentro del proceso por actos de corrupción que se sigue en su contra y en contra de su hijo, el asambleísta Mariano Zambrano Vera. 
 
En medio de simpatizantes y otras autoridades de la provincia, el funcionario rechazó las acusaciones en su contra, a las que calificó como “totalmente infundadas sin criterio y sin sustento”.
 
Aunque es la tercera convocatoria, Zambrano asegura que es la segunda puesto que la primera vez no recibió la notificación. “Nosotros tenemos el tiempo suficiente para hacer los descargos correspondientes”.
 
Previo al ingreso a dar su testimonio, aseguró -sin dar nombres- que hay muchos políticos detrás de esto. 

 

 
El Consejo de Participación Ciudadana transitorio denunció, en junio de 2018, a ambas autoridades por los delitos de delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, perjurio, testaferrismo y lavado de activos.
 
Según el organismo, desde el 2011, padre e hijo habrían manejado una red de corrupción con contratos de empresas públicas e instituciones, que ascendería a $70 millones. 
 
El transitorio pidió a Fiscalía que el caso se radique en Quito en vista de que en Manabí, en donde se denunció enriquecimiento ilícito del prefecto, las investigaciones no avanzan.
 
Pero no es el único frente abierto contra Zambrano Segovia. Un informe de la Contraloría General del Estado, revelado a fines de julio de este 2018, determinó al menos 13 irregularidades en la contratación, ejecución y fiscalización de obras públicas en el sector de la Manga del Cura, y estableció sanciones de destitución a la autoridad provincial y a otros 10 funcionarios de la Prefectura de Manabí.
 
Con base en el documento, la Contraloría predeterminó glosas por $2,2 millones para los involucrados. Además, otra sanción por 1$67.433. A partir de la notificación, los funcionarios tienen 30 días para plantear sus argumentos de descargo al órgano de control, tras lo cual la Contraloría emitirá otro pronunciamiento.