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Contraloría ratifica glosa contra Marcela Aguiñaga

Redacción

mguaman

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Domingo 18 de Marzo de 2018 - 9:02
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  • Contraloría ratifica glosa contra Marcela Aguiñaga. Foto: Archivo - Ecuavisa
Contraloría ratifica glosa contra Marcela Aguiñaga. Foto: Archivo - Ecuavisa
Este viernes 16 de marzo, la Contraloría General del Estado ratificó la glosa en contra de la exministra del Ambiente Marcela Aguiñaga por el pago no justificado de $41 millones por 66 lotes que pertenecían al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa), en cuyo terreno se construyó el parque Samanes en Guayaquil. 
 
 
El organismo de control determinó que en el 2010 cuando se compraron los lotes de terreno en Samanes, se tomó en cuenta el valor determinado por la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros del Ministerio de Vivienda, pero no el precio que por ley debía emitir el Municipio de Guayaquil.
 
El 6 de noviembre del 2017, la Contraloría notificó a Aguiñaga, actual asambleísta del grupo identificado con Rafael Correa en la Legislatura, con el hallazgo de una glosa. Entonces, la entidad estableció un plazo de 60 días para que se presentaran pruebas de descargo. Este tiempo concluyó el 15 de marzo del 2018. 
 
Para la compra el Ministerio de Vivienda avaluó los lotes en 50 millones de dólares, cuando el municipio les dio un valor de 7,1 millones de dólares. Al final, el Ministerio del Ambiente terminó pagando 48,2 millones de dólares por los terrenos que en la actualidad son parte del Parque Samanes construido durante el gobierno de Rafael Correa.
 
Si bien, cuando se conoció de la diferencia pagada el Gobierno anterior decidió subsanar el desembolso en exceso con un cruce de cuentas entre el Ministerio de Finanzas y el ISSFA, la glosa, según la Contraloría, fue ratificada debido a que no se ha evidenciado la compensación de fondos entre las dos entidades, como se había recomendado en el informe del ente de control.
 
A través de su cuenta de Twitter, Aguiñaga se pronunció al respecto, señalando que la Contraloría se ha convertido en un arma de persecución. También asegura que ya se demostró que no hubo perjuicio al Estado entre la negociación de dos instituciones públicasy ratificó que ese dinero no salió de las arcas fiscales. 
  
 
 

Este viernes 16 de marzo, la Contraloría General del Estado ratificó la glosa en contra de la exministra del Ambiente Marcela Aguiñaga por el pago no justificado de $41 millones por 66 lotes que pertenecían al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa), en cuyo terreno se construyó el parque Samanes en Guayaquil. 

 

Lea: Contraloría confirma glosa a Marcela Aguiñaga por compra de terrenos del Issfa

 

El organismo de control determinó que en el 2010 cuando se compraron los lotes de terreno en Samanes, se tomó en cuenta el valor determinado por la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros del Ministerio de Vivienda, pero no el precio que por ley debía emitir el Municipio de Guayaquil.

 

El 6 de noviembre del 2017, la Contraloría notificó a Aguiñaga, actual asambleísta del grupo identificado con Rafael Correa en la Legislatura, con el hallazgo de una glosa. Entonces, la entidad estableció un plazo de 60 días para que se presentaran pruebas de descargo. Este tiempo concluyó el 15 de marzo del 2018. 

 

Para la compra el Ministerio de Vivienda avaluó los lotes en 50 millones de dólares, cuando el municipio les dio un valor de 7,1 millones de dólares. Al final, el Ministerio del Ambiente terminó pagando 48,2 millones de dólares por los terrenos que en la actualidad son parte del Parque Samanes construido durante el gobierno de Rafael Correa.

 

Si bien, cuando se conoció de la diferencia pagada el Gobierno anterior decidió subsanar el desembolso en exceso con un cruce de cuentas entre el Ministerio de Finanzas y el ISSFA, la glosa, según la Contraloría, fue ratificada debido a que no se ha evidenciado la compensación de fondos entre las dos entidades, como se había recomendado en el informe del ente de control.

 

A través de su cuenta de Twitter, Aguiñaga se pronunció al respecto, señalando que la Contraloría se ha convertido en un arma de persecución. También asegura que ya se demostró que no hubo perjuicio al Estado entre la negociación de dos instituciones públicasy ratificó que ese dinero no salió de las arcas fiscales. 

  

 

 

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