Contraloría confirma glosa a Marcela Aguiñaga por compra de terrenos del Issfa

La noche del 6 de noviembre, la Contraloría General del Estado estableció responsabilidad civil culposa por 41'090.491,04 millones de dólares en contra de la exministra del Ambiente y actual asambleísta de Alianza PAIS, Marcela Aguiñaga y otros ocho funcionarios más que participaron en la compra de los terrenos de Samanes al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA).

Además de Aguiñaga, deberán responder la entonces delegada del Ministerio del Ambiente, Mercy Borbor, Manfred Altamirano, quien era subsecretario de Gestión Marina, Patricia Serrano como directora de Asesoría Jurídica del Ministerio del Ambiente y José Noritz, quien era director del ISSFA.

La Contraloría determinó que en el 2010 cuando se compraron los 66 lotes de terreno en Samanes, se tomó en cuenta el valor determinado por la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros del Ministerio de Vivienda, pero no el precio que por ley debía emitir el Municipio de Guayaquil.

Para la compra el Ministerio de Vivienda avaluó los lotes en 50 millones de dólares, cuando el municipio les dio un valor de 7,1 millones de dólares.

Al final, el Ministerio del Ambiente terminó pagando 48,2 millones de dólares por los terrenos que en la actualidad son parte del Parque Samanes construido durante el gobierno de Rafael Correa.

Si bien, cuando se conoció de la diferencia pagada el Gobierno anterior decidió subsanar el desembolso en exceso con un cruce de cuentas entre el Ministerio de Finanzas y el ISSFA, la Contraloría estableció que hasta la fecha no se ha hecho efectivo ese cruce de cuentas como en su momento se recomendó.

Parte de los detalles de cómo se hizo el proceso de compra venta se conocieron el año anterior. Entonces, el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, dijo que lo hecho por Aguiñaga se trató de un “error de buena fe”. 

Una vez notificadas las glosas, Aguiñaga y los otros implicados pueden interponer un recurso de revisión en el caso, aunque este solo puede referirse a posibles errores en los procedimientos de la Contraloría, pero no sobre el fondo del informe.