Reportan 1.016 denuncias de abuso sexual a migrantes en Estados Unidos

El organismo de supervisión interna del Departamento de Seguridad Nacional recibió más de 1.000 denuncias de abuso o agresión sexual cometidos contra detenidos en un poco más de dos años, dijo el martes una organización intercesora.

 

El grupo, Community Initiatives for Visiting Immigrants in Confinement (Iniciativas Comunitarias para Visitas a Inmigrantes Detenidos) es la última organización que documenta alegatos de abuso en centros de detención en años recientes, con información obtenida a través de pedidos de archivos públicos. Trasciende cuando el presidente Donald Trump pretende ampliar la capacidad de los centros de detención a fin de deportar más gente.

 

Los números obtenidos por la organización no dan detalles de los casos de los detenidos, no especifican cuántos supuestos agresores eran detenidos o personal de la agencia ni ofrecen información completa sobre cómo se manejaron las denuncias, pero muestran que son comunes.

 

La oficina del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reveló que recibió 1.016 denuncias de detenidos que reportaron abuso o agresión sexual entre mayo del 2014 y julio del 2016. Más de 90% de los casos involucraron al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), una agencia dentro del DHS que supervisa más de 30.000 camas en centros de detención en todo el país.

 

El inspector general recibió más de 33.000 acusaciones de una amplia gama de abusos entre enero del 2010 y julio del 2016, incluyendo 702 por contacto sexual bajo coerción, 714 por abuso sexual o físico, y 589 por acoso sexual, de acuerdo con la organización. El análisis de la organización indicó que el inspector general investigó 247, o menos del 1%. Pero no se sabía cuántos otros casos fueron tomados por agencias del DHS, como el ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

 

La organización incluyó las estadísticas en una denuncia ante el secretario de Seguridad Nacional John Kelly, en la que le exhortan a realizar cambios en la manera como se manejan las denuncias.

 

Gillian Christensen, portavoz de Seguridad Nacional, dijo que el departamento revisará la queja "para determinar si se justifican más acciones o recomendaciones".

 

Christensen subrayó que las denuncias representan un pequeño número respecto de los más de dos millones de ingresos registrados en instalaciones de detención del ICE en los seis años abarcados en el informe.

 

La agencia tiene una política de "tolerancia cero" y mencionó las medidas que ha adoptado para frenar los casos de abuso sexual que afecten a las personas detenidas, como una disposición dirigida a los empleados referente a la prevención e intervención.

 

"Aunque la meta del ICE es impedir todos los casos de abuso sexual entre la población detenida, dado el volumen de individuos que pasan anualmente por su sistema de detención, esta agencia cree que la incidencia general de este tipo de actos es muy baja", agregó.

 

La oficina del inspector general se enfoca por lo general en las acusaciones de conducta indebida de los empleados y a menudo remite las denuncias de abuso de los detenidos a la Oficina de Responsabilidad Profesional del ICE para que les dé seguimiento, señaló Christensen.

 

Community Initiatives for Visiting Immigrants in Confinement dijo haber documentado de manera independiente 27 casos de acusaciones de abuso sexual. La mayoría de los detenidos no han presentado denuncias por temor a represalias.

 

Douglas Menjivar supuestamente fue violado por otro detenido en presencia de cuatro testigos en el Centro de Detención Joe Corley, en Conroe, Texas, en septiembre del 2013. La organización dice que un agente le dijo que fue un tonto por dejar que eso ocurriera y que el centro no documentó la denuncia de Menjivar ni le ofreció tratamiento médico ni psicológico. Menjivar reportó el incidente a un doctor en noviembre del 2014, y tras ser entrevistado dos veces, las autoridades le dijeron que sus afirmaciones carecían de sustento.

 

El grupo también difundió cifras de archivos solicitados por el grupo Human Rights Watch que muestran que la mayoría de las denuncias de agresión sexual y física a un teléfono de emergencias del 1 de octubre de 2012 al 14 de marzo de 2016 eran contra compañías privadas a las que el ICE contrató, en comparación con los centros administrados por la agencia.

 

Los centros de detención gestionados por The Geo Group Inc. ocupaban los lugares primero, tercero y cuarto respectivamente, a decir, las instalaciones en Jena, Luisiana; Adelanto, California, y Tacoma, Washington.

 

Las instalaciones a cargo de CCA Inc. en Houston y San Diego ocuparon los lugares segundo y quinto.