La polémica que obligó al hijo de Bachelet a renunciar a importante cargo

Sebastián Dávalos, hijo mayor de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, aseguró que no hay nada ilícito en el negocio inmobiliario que llevó a cabo su esposa y lo forzó a renunciar el viernes pasado a un cargo oficial, y denunció que se dijeron "muchas mentiras" sobre el asunto.

"Se dijeron muchas mentiras, esa es la verdad, y queda en el aire esta sensación de que hay algo ilícito o turbio, pero que nadie es capaz de explicar bien", dijo Dávalos en una entrevista que publica hoy el diario El Mercurio, la primera que da para hablar de su polémica dimisión.

El hijo de la mandataria -quien no percibía retribución alguna por el cargo oficial al que renunció- dejó el viernes la dirección sociocultural de la Presidencia tras un polémico negocio inmobiliario llevado a cabo por su esposa, Natalia Compagnon.

La esposa de Dávalos es socia al 50% de la empresa Caval Limitada, que obtuvo un préstamo por valor de 6.500 millones de pesos (unos 10,4 millones de dólares) para la adquisición de unos terrenos en el municipio de Machalí.

El crédito fue otorgado por el Banco de Chile el 16 de diciembre de 2013, un día después del triunfo de Bachelet en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

La operación se fraguó durante una reunión celebrada en la sede del banco en noviembre de ese año en la que participaron Andrónico Luksic, dueño y vicepresidente de la entidad financiera, y el propio Sebastián Dávalos, por entonces gerente de operaciones de Caval.

El hijo de Bachelet descartó que ese encuentro con Luksic fuera "imprudente" porque en ese momento él trabajaba en el sector privado y aseguró que la presidenta no estaba al corriente del negocio inmobiliario que estaban realizando su hijo y su nuera.

En ese sentido, reconoció que este episodio le provocó un "daño" a la imagen de la mandataria y del Gobierno, razón por la cual decidió abandonar su cargo.

El objetivo del crédito bancario que obtuvo Caval era adquirir unos terrenos rurales que estaban pendientes de ser recalificados para uso urbano, cosa que aún no ha sucedido.

A pesar de ello, la empresa -que había intentado infructuosamente obtener el préstamo en otros bancos- vendió después los terrenos por un precio superior al de su compra en 3.000 millones de pesos (unos 4,8 millones de dólares).