12 nov 2014 , 07:44

Comité contra la tortura critica política migratoria de EE.UU. con los menores

Los expertos también cuestionaron sobre los malos tratos sufridos por los reos condenados a muerte.

El Comité contra la Tortura de la ONU cuestionó hoy la política migratoria en Estados Unidos, especialmente el trato a las decenas de miles de menores indocumentados que han entrado de forma irregular en su territorio.

 

Estados Unidos compareció hoy ante el Comité contra la Tortura de la ONU, que entre hoy y mañana revisará si Washington ha cumplido desde 2006 con la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

 

Uno de los dos relatores, Alessio Bruni, definió como una "situación dramática" lo que sucede con los "68.000 menores inmigrantes detenidos y que provienen especialmente de El Salvador, Guatemala, Honduras y México, y que entraron en Estados Unidos tratando de huir de una vida de violencia y abusos".

 

"Asimismo, no entiendo porque hay otras 68.000 familias inmigrantes detenidas en los centros de detención, ¿no había otra manera de mantenerlas?", se cuestionó Bruni.

 

El experto pidió a la delegación que aporte información más detallada de todas estas personas retenidas, así como el número de los que fueron expulsados inmediatamente tras ser detenidos.

 

El segundo relator, Jens Modvig, preguntó sobre las denuncias de abusos sexuales a menores en los centros de detención y pidió datos al respecto.

 

La experta Sapana Pradhan-Malla cuestionó sobre las investigaciones a funcionarios de centros de detención por supuesto abuso sexual a inmigrantes, y cuántos procesamientos siguieron.

 

Pradhan-Malla también se preguntó por qué se sigue encadenando a las inmigrantes retenidas en el momento del parto, una pregunta que Modvig amplió "al conjunto de las cárceles del país".

 

George Tugushi, que hoy actuaba como presidente porque quien ostenta el cargo, Claudio Grossman, se abstuvo por residir en Estados Unidos, también se refirió a los inmigrantes.

 

Tugushi preguntó por qué se les somete a "detención prolongada y a veces indefinida".

 

"¿Por qué no se les individualiza, se trata sus casos conforme a la ley, y por qué no se buscan alternativas a las detención?, cuestiono Tugushi.

 

Sobre la base militar de Guantánamo (Cuba), los expertos cuestionaron por qué seguía abierta con un centenar y medio de presos, la mayoría de los cuales no han sido sometidos a juicio, y no cuentan con acceso a los derechos fundamentales de cualquier ciudadano.

 

Mary Mcleod, asistente jurídica del gobierno estadounidense, afirmó durante su intervención inicial que el Ejecutivo tenía claro que la Convención sobre la Tortura y Tratos degradantes o inhumanos se aplicaba incluso en tiempos de guerra.

 

Bruni solicitó datos concretos sobre el estado de todos lo reos, y específicamente sobre si los que son sospechosos pero no se les ha procesado tienen las mismas garantías judiciales que el resto.

 

Los dos relatores cuestionaron sobre la alimentación forzada a presos de Guantánamo -algo que todas las instancias de la ONU rechazan- y por qué los presos no tienen derecho a atención médica independiente.

 

Asimismo, los expertos cuestionaron qué garantías da el gobierno sobre que los presos transferidas a terceros países no serán torturados.

 

Finalmente, los expertos preguntaron al gobierno porqué deniegan que el relator de la ONU sobre la Tortura visite Guantánamo y se entreviste individualmente con los presos.

 

Otro de los temas recurrentes fue conocer si se han producido investigaciones y procesos contra funcionarios civiles y militares responsables de malos tratos y torturas.

 

Además, hubo preguntas sobre uso de pistola eléctricas y las supuestas 600 muertes que han causado; sobre los abusos del clero; y sobre abusos cometidos contra la comunidad transexual, entre otros.

 

Los expertos también cuestionaron sobre los malos tratos sufridos por los reos condenados a muerte, tanto durante los años que pasan en el corredor de la muerte, como durante la ejecución, y sugirieron el establecimiento de una moratoria a la pena capital. 

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