Tribunal Supremo de Justicia anula presidencia parlamentaria de Juan Guaidó

El TSJ aseguró que la directiva encabezada por Parra, cuya legitimidad es cuestionada por la oposición venezolana y buena parte de la comunidad internacional, no cometió ninguna “actuación fuera del marco de la competencia constitucional” en su polémica elección, celebrada el pasado 5 de enero.

“El dictamen ordenó además enviar copia certificada del expediente y del fallo al Ministerio Público (Fiscalía), a los fines legales correspondientes en relación a las actuaciones del ciudadano Juan Guaidó”, añade el comunicado del máximo tribunal en alusión a las diversas acusaciones que enfrenta el presidente interino.

Esta resolución del TSJ chavista tiene lugar un día después de que la Fiscalía solicitara al máximo tribunal judicial declarar “organización terrorista” al partido Voluntad Popular (VP), liderado por Leopoldo López y al cual pertenecía Guaidó.

Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, tomó juramento como presidente reelegido del Parlamento en un acto que se celebró en la sede de un periódico luego de que se le impidiera la entrada a la sede del Legislativo en medio de un violento operativo de las fuerzas de seguridad del régimen.

En esa sesión, la mayoría opositora que respalda a Guaidó como líder parlamentario votó de manera personalizada y ante los medios de comunicación para dejar constancia que 100 de los 167 legisladores lo elegían a él como presidente.

Parra, por su parte, fue investido como jefe de la Cámara en una accidentada sesión que no contempló ninguna votación personalizada y cuyas actas jamás fueron publicadas.

El pasado mes de diciembre Parra, por entonces diputado por el partido opositor Primero Justicia (PJ), junto a otros seis parlamentarios, fue señalado de haber estado involucrado en una trama de corrupción en el marco del programa de las cajas alimentarias CLAP.

Además de Parra, José Gregorio Noriega, José Brito, Adolfo Superlano y Conrado Pérez (principales), Leandro Domínguez y Jesús Gabriel Peña (suplentes), fueron acusados tras un informe del portal Armando.Info.

De acuerdo a las acusaciones, los parlamentarios utilizaron su rol en la Comisión de Contraloría para favorecer a Alex Saab, el colombiano señalado por EEUU como testaferro de Nicolás Maduro, y su red empresarial detrás del programa CLAP, que distribuye comida subsidiada en Venezuela.

Tras conocerse esta información, la Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora, denunció que los siete diputados fueron comprados por el régimen chavista para formar parte de la “Operación Alacrán”, cuyo objetivo era sumar voluntades para impedir la reelección de Juan Guaidó como presidente del Parlamento en la elección de enero pasado.

Parra, Brito, Noriega y Pérez fueron suspendidos y expulsados de los partidos opositores Primero Justicia y Voluntad Popular, luego de la difusión de la investigación de Armando.Info, que reportó que unos nueve congresistas habrían mediado a favor de dos empresarios vinculados a la dictadura.

Días después de la violenta y polémica elección legislativa, la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Parra y a otros seis diputados de la Asamblea Nacional, a quienes consideró cómplices del régimen de Maduro para tomar el Parlamento por la fuerza el pasado 5 de enero. Parra fue el principal cómplice de la dictadura en su intento desesperado por quedarse con el control parlamentario que terminó fracasando por el accionar de Guaidó y parte de la oposición.