EEUU ejecuta a un reo mexicano en medio de la polémica internacional

El estado de Texas (EEUU) ejecutó hoy en Huntsville al preso mexicano Ramiro Hernández Llanas, en un nuevo desafío internacional al desoír a la Corte Internacional de Justicia, que pidió hace diez años que el caso fuera revisado junto con los de otros 50 mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos.

 

Hernández Llanas, de 44 años y nacido en Nuevo Laredo (Tamaulipas), murió con inyección letal a las 18.28 horas de este martes (23.28 horas GMT) en la única sala de ejecuciones del estado, según informó el Departamento de Justicia Criminal de Texas.

 

El preso fue condenado a la pena capital en el año 2000 por la muerte, tres años antes, de un hombre para el que trabajaba en un rancho del condado de Kerr y la múltiple violación sexual de la esposa de este.

 

Previamente en México, a Hernández Llanas, lo condenaron por homicidio y se dio a la fuga, según datos de las autoridades estadounidenses que fuentes jurídicas mexicanas confirmaron a Efe.

 

"Siento lo que he hecho", dijo en español antes de morir el preso, según la transcripción en inglés publicada por las autoridades. "A los jóvenes, escuchen a sus padres, hagan siempre lo que dicen que se debe hacer, vayan a la escuela y aprendan de sus errores".

 

Con este último caso, el estado de Texas ya ha ejecutado, entre 2008 y 2014, a cuatro mexicanos incluidos en el "fallo Avena", una resolución de la Corte Internacional de Justicia que pedía a Estados Unidos que revisara hasta 51 casos de ciudadanos de México condenados a pena de muerte.

 

Tras la ejecución, el Gobierno de México expresó hoy su "más enérgica protesta por el incumplimiento de dicho fallo por parte de Estados Unidos, conforme al cual ese país se encontraba obligado a revisar y reconsiderar el veredicto de culpabilidad y la sentencia capital impuesta al señor Hernández Llanas", informó en un comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana.

 

La Corte concluyó que la justicia estadounidense sí cumplió con la necesidad de notificar al Consulado mexicano el arresto de Hernández Llanas, pero violó la obligación de informar al preso que podía solicitar asistencia legal a las autoridades de su país.

 

El gobernador de Texas, Rick Perry, desoyó hoy de nuevo las peticiones de clemencia de México y organizaciones no gubernamentales, como ya pasó con José Medellín en 2008, Humberto Leal en 2011 y Edgar Tamayo el pasado enero, también incluidos en la resolución internacional.

 

"El fallo Avena es de la más alta prioridad", dijo a Efe el director general adjunto de protección de mexicanos en el exterior, Euclides del Moral, que viajó a Texas para la ejecución.

 

Del Moral culpó a Texas de hacer caso omiso a las resoluciones internacionales, pero sostuvo que el Gobierno de EE.UU. sí se ha mostrado receptivo para buscar soluciones que permitan revisar los casos de los mexicanos condenados a muerte.

 

México querría que el Congreso estadounidense aprobara una ley que obligara a todos los estados del país, incluido Texas, a cumplir con lo que dice el "fallo Avena".

 

Texas es el estado que más presos ejecuta al año y suma 514 ajusticiamientos desde que la pena de muerte se reinstauró en el año 1976, según el observatorio Death Penalty Information Center.

 

De hecho, el republicano Rick Perry, en el puesto desde hace 14 años, es considerado el gobernador de la historia del país que más ejecuciones acumula durante su tiempo de mandato.

 

En el caso de Hernández Llanas, otro argumento repetido por sus abogadas y las autoridades mexicanas es que el condenado sufría una discapacidad mental, algo que contradice a la sentencia.

 

Sheri Johnson, una de las abogadas, indicó a Efe que los testimonios médicos para certificar la discapacidad intelectual en el juicio fueron sesgados y "racistas", ya que vincularon sus dificultades de razonamiento con su "grupo cultural" de origen.

 

A partir de ahora, empiezan las tareas de repatriación del cuerpo, que dependerán del tiempo que el sistema penitenciario de Texas tarde en tramitar la documentación y entregar el cadáver, según indicó a Efe Carlos Quesnel, consultor jurídico adjunto de la Cancillería mexicana.