17 mar 2019 , 12:30

Ayuda a veteranos cae víctima de pugna migratoria en EEUU

Programas de salud mental y contra la drogadicción corren el riesgo de perder presupuesto.

Hace tres décadas, Lori Ann Bourgeois vigilaba aviones de combate en una base aérea. Cuando se fue, cayó en la drogadicción y terminó viviendo en las calles y arrestada por posesión de metanfetamina.

 

Pero hace poco, la ex miembro de Seguridad Policial del Servicio Aéreo compareció en el Tribunal de Tratamiento de Veteranos tras completar un programa de 90 días de rehabilitación. Dos decenas de veteranos más aplaudieron desde las bancas de la corte. Un juez entregó a Bourgeois una moneda especial para celebrar la ocasión con la inscripción “Cambia actitud, cambia pensamiento, cambia comportamiento”.

 

El programa que Bourgeois dice que la sacó del “hoyo negro” de la vida en las calles es uno de más de cuatro decenas de los tribunales especiales de Oregon en conflicto entre el gobierno estatal y federal por el control inmigratorio.

 

El gobierno de Donald Trump amenazó en 2017 con el retiro de subsidios a 29 ciudades, condados o estados que tengan políticas “santuario” que protejan a inmigrantes. Hoy en día, todas las jurisdicciones han recibido o se les ha autorizado recibir el dinero, excepto Oregon, que lucha por los fondos en una corte federal.

 

El Tribunal de Tratamiento de Veteranos en Eugene y otros tribunales especiales, incluidos programas de salud mental y de drogadicción civil, corren el riesgo de perder todo o parte de su presupuesto, dijo Michael Schmidt, director ejecutivo de la Comisión de Justicia Criminal de Oregon, que administra el dinero.

 

La comisión ha logrado mantener las cortes financiadas hasta julio, dijo Schmidt. Al menos que el gobierno de Trump ceda, que la corte lo obligue a entregar el dinero o que lo consiga la Legislatura de Oregon, la comisión deberá tomar “decisiones duras, horribles”, sobre en dónde hacer los recortes, dijo Schmidt.

 

La gobernadora de Oregon y la fiscal general Ellen Rosenblum demandaron a Trump en noviembre para restaurar el subsidio de 4 millones de dólares para los años fiscales 2017 y 2018, diciendo que Oregon era “privado ilegalmente” de los fondos. La demanda acusa a Trump de un “intento inconstitucional” para obligar a que Oregon aplique políticas inmigratorias federales.

 

“Como hemos visto, estos esfuerzos frecuentemente han sido tanto inhumanos como peligrosos”, dijo Rosenblum.

 

Más allá, el gobierno viola los poderes de separación al invadir la autoridad de gasto del Congreso, dice la demanda.

 

La ley estatal de santuario de Oregon de 1987, la primera del país, evita que policías detengan a personas que están en Estados Unidos sin autorización, pero no han violado ninguna otra ley. Por consiguiente, las autoridades dicen que el estado no detendrá a quienes han cometido crímenes y concluido sus sentencias para que sean recogidos por agentes inmigratorios federales al menos que tengan una orden firmada por un juez.

 

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