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Argentina y Brasil harán intercambio judicial de Odebrecht

Redacción

tmenendez

|

Viernes 03 de Agosto de 2018 - 15:01
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  • ARGENTINA.- Odebrecht admitió pago de sobornos en contratos con el Gobierno argentino por $35 millones. Foto: Archivo
ARGENTINA.- Odebrecht admitió pago de sobornos en contratos con el Gobierno argentino por $35 millones. Foto: Archivo
Los Ministerios Públicos de Argentina y Brasil llegaron a un acuerdo para intercambiar información sobre el caso Odebrecht, compañía brasileña que además de ser investigada en su país, en 2016 reconoció el pago de sobornos en contratos públicos con el Gobierno argentino por 35 millones de dólares.
 
Según informó la Procuración General de Argentina, su titular interino, Eduardo Casal, convalidó los términos del compromiso logrado con la Fiscalía brasileña en el marco de las investigaciones llevadas a cabo en ese país en los llamados casos Lava Jato y Odebrecht.
 
El acuerdo "permitió consensuar los términos de un modelo de compromiso que despeja el camino de los fiscales" argentinos y sirve como una herramienta "puesta a su disposición" para que en sus investigaciones puedan acceder a las informaciones y pruebas reveladas en Brasil por quienes decidieron colaborar con la Justicia a través de acuerdos de lenidad o de delación premiada.
 
El texto aprobado respeta, según añadió la Fiscalía argentina, los convenios internacionales suscritos por ambos Estados, así como los principios y normas jurídicas internas de cada país.
 
"Y al mismo tiempo se ajusta a los términos de los acuerdos de colaboración que las empresas y personas involucradas han celebrado en Brasil. Ello, además de no impedir o entorpecer las acciones que puedan ejercerse en el país", añade el comunicado divulgado.
 
Según se destaca, la suscripción de este modelo de compromiso es un "requisito necesario" para acceder a las pruebas judiciales disponibles en Brasil, que conlleva una limitación en el uso de las pruebas que se obtengan y que no podrán utilizarse en contra de quienes se encuentran alcanzados por los acuerdos de lenidad ni en procesos distintos en los que la información fue compartida.
 
"Debido a esas restricciones, serán en definitiva los fiscales quienes, dentro del marco de la autonomía propia de su función,y conforme a las estrategias y criterios de investigación según cada caso, evalúen la conveniencia de utilizar la herramienta de cooperación internacional que se presenta", remarca el texto.
 
Este convenio se ha alcanzado tras cinco meses de negociaciones internas en Argentina, en las que participaron altas autoridades judiciales y políticas con competencias para la cooperación jurídica internacional.
 
Los casos que implican en Argentina a Odebrecht y a sus socias locales son la concesión de un proyecto de ampliación de gasoductos (2006-2008), otro para ampliar el ferrocarril Sarmiento de Buenos Aires y contrataciones realizadas por la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) durante el período 2007-2015.
 
Todos son proyectos iniciados durante los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y su esposa, Cristina Fernández (2007-2015), y en estos expedientes ya hay varios empresarios y ex altos funcionarios públicos procesados.
 
En una charla con Efe en mayo pasado, Pablo Maggio, abogado de la compañía brasileña en Argentina, aseguró que la empresa estaba comprometida a colaborar para esclarecer los hechos de corrupción de los que se le acusa, pero pidió respetar el marco legal que establece que no se abra un proceso en ese país contra los acusados que decidieron cooperar con la Justicia y ya son juzgados en Brasil.
 
Según afirmó Maggio, la compañía se comprometió a colaborar con los países en los que se investigan los delitos pero siempre teniendo la seguridad de que se respeten los "derechos" acordados en Brasil para los exempleados de la empresa imputados que actúan de colaboradores de la Justicia. 
 
 

Los Ministerios Públicos de Argentina y Brasil llegaron a un acuerdo para intercambiar información sobre el caso Odebrecht, compañía brasileña que además de ser investigada en su país, en 2016 reconoció el pago de sobornos en contratos públicos con el Gobierno argentino por 35 millones de dólares.

 

Según informó la Procuración General de Argentina, su titular interino, Eduardo Casal, convalidó los términos del compromiso logrado con la Fiscalía brasileña en el marco de las investigaciones llevadas a cabo en ese país en los llamados casos Lava Jato y Odebrecht.

 

El acuerdo "permitió consensuar los términos de un modelo de compromiso que despeja el camino de los fiscales" argentinos y sirve como una herramienta "puesta a su disposición" para que en sus investigaciones puedan acceder a las informaciones y pruebas reveladas en Brasil por quienes decidieron colaborar con la Justicia a través de acuerdos de lenidad o de delación premiada.

 

El texto aprobado respeta, según añadió la Fiscalía argentina, los convenios internacionales suscritos por ambos Estados, así como los principios y normas jurídicas internas de cada país.

 

"Y al mismo tiempo se ajusta a los términos de los acuerdos de colaboración que las empresas y personas involucradas han celebrado en Brasil. Ello, además de no impedir o entorpecer las acciones que puedan ejercerse en el país", añade el comunicado divulgado.

 

Según se destaca, la suscripción de este modelo de compromiso es un "requisito necesario" para acceder a las pruebas judiciales disponibles en Brasil, que conlleva una limitación en el uso de las pruebas que se obtengan y que no podrán utilizarse en contra de quienes se encuentran alcanzados por los acuerdos de lenidad ni en procesos distintos en los que la información fue compartida.

 

"Debido a esas restricciones, serán en definitiva los fiscales quienes, dentro del marco de la autonomía propia de su función,y conforme a las estrategias y criterios de investigación según cada caso, evalúen la conveniencia de utilizar la herramienta de cooperación internacional que se presenta", remarca el texto.

 

Este convenio se ha alcanzado tras cinco meses de negociaciones internas en Argentina, en las que participaron altas autoridades judiciales y políticas con competencias para la cooperación jurídica internacional.

 

Los casos que implican en Argentina a Odebrecht y a sus socias locales son la concesión de un proyecto de ampliación de gasoductos (2006-2008), otro para ampliar el ferrocarril Sarmiento de Buenos Aires y contrataciones realizadas por la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) durante el período 2007-2015.

 

Todos son proyectos iniciados durante los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y su esposa, Cristina Fernández (2007-2015), y en estos expedientes ya hay varios empresarios y ex altos funcionarios públicos procesados.

 

En una charla con Efe en mayo pasado, Pablo Maggio, abogado de la compañía brasileña en Argentina, aseguró que la empresa estaba comprometida a colaborar para esclarecer los hechos de corrupción de los que se le acusa, pero pidió respetar el marco legal que establece que no se abra un proceso en ese país contra los acusados que decidieron cooperar con la Justicia y ya son juzgados en Brasil.

 

Según afirmó Maggio, la compañía se comprometió a colaborar con los países en los que se investigan los delitos pero siempre teniendo la seguridad de que se respeten los "derechos" acordados en Brasil para los exempleados de la empresa imputados que actúan de colaboradores de la Justicia. 

 

 

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