Congreso de Colombia aprueba reglas para juzgar a FARC

El Congreso de Colombia aprobó este miércoles 27 de junio de 2018, con dos cambios sustanciales, las reglas del sistema de justicia surgido del acuerdo de paz con la exguerrilla FARC para juzgar a los responsables de los delitos cometidos durante cinco décadas de conflicto armado.

 

 

"Era urgente, como lo habíamos advertido, que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contará con unas normas de procedimiento", por lo que ahora "podrá operar con el pleno de sus competencias", dijo el ministro del Interior, Rodrigo Rivera, a periodistas.

 

La plenaria del Senado avaló la mayoría de los 74 artículos presentados por el oficialismo para que los magistrados impartan justicia conforme al acuerdo de noviembre de 2016 que desarmó y transformó en partido a la otrora guerrilla comunista.

 

Pero el Centro Democrático (CD), del presidente electo Iván Duque, y otros sectores de derecha opuestos al pacto lograron la aprobación de dos apartados contrarios al articulado original, avalado por la Cámara de Representantes (baja) el 20 de junio.

 

En consecuencia la JEP, que empezó a operar en marzo, no podrá intervenir, con una investigación propia, en las peticiones de extradición de exguerrilleros y miembros de la fuerza pública.

 

Solo podrá usar el acervo probatorio del país que reclama al implicado para determinar si la comisión del delito fue antes o después de la firma del acuerdo de paz, explicó la senadora del CD Paloma Valencia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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"Lo aprobado aquí es contrario a la Constitución Política y el Acuerdo Final, es una garantía de extradición sin pruebas y busca hacer trizas lo acordado", protestó el líder de las FARC, Rodrigo Londoño ("Timochenko"), en Twitter.

 

El pacto de paz impide la extradición de exguerrilleros por delitos cometidos antes de la firma del acuerdo.

 

El conflicto armado colombiano, que durante medio siglo ha enfrentado a guerrillas, paramilitares y agentes estatales, deja ocho millones de víctimas entre desaparecidos, desplazados y muertos.

 

 

- Dudas constitucionales –

 

 

 

El otro enunciado establece la creación de una nueva sala dentro de la JEP para juzgar exclusivamente a miembros de la fuerza pública. 

 

Es decir, que los 2.100 policías o militares que ya aceptaron la jurisdicción especial podrán seguir con el trámite de juicio o esperar a que se habilite esta nueva dependencia, lo que podría retrasar la confesión de sus crímenes.

 

Si bien celebró la decisión del Senado, el presidente Juan Manuel Santos advirtió que los cambios impulsados por la oposición podrían ser objetados por la Corte Constitucional. "Esos artículos tienen una seria duda constitucional", remarcó.

 

Londoño, en tanto, pidió al tribunal declarar su "inconstitucionalidad".

 

Para entrar en vigencia, la ley, cuya aprobación había sido exhortada por la ONU el martes, deberá ser conciliada en ambas cámaras y ser sancionada por Santos.

 

La JEP, que en principio operará por diez años, fijará las penas para exguerrilleros y miembros de la fuerza pública responsables de crímenes graves.

 

El pacto prevé otorgar penas alternativas a la cárcel a quienes confiesen sus crímenes, reparen a las víctimas y se comprometan a nunca más ejercer la violencia.

 

La JEP impondrá condenas alternas que irán de los cinco a los ocho años. Aquellos que mientan o no confiesen todos sus delitos podrán recibir condenas de hasta 20 años de cárcel.