OEA condena violencia en Nicaragua

Asamblea de organismo no responsabilizó al régimen de Daniel Ortega por represión.

Asamblea de organismo no responsabilizó al régimen de Daniel Ortega por represión. Foto: AFP
5 Junio, 2018, 10:33 pm
Por: Redacción 

La asamblea anual de la OEA condenó el martes 5 de junio de 2018 la violencia que sacude a Nicaragua desde hace casi dos meses y que deja más de un centenar de muertos, pero sin responsabilizar al Gobierno de Daniel Ortega por la represión a manifestantes.
 
La "Declaración de apoyo al pueblo de Nicaragua" fue presentada por Estados Unidos y por el propio Gobierno nicaragüense, y contó con el respaldo de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica y Perú.
 
El documento fue aprobado sin oposición en el plenario del organismo.
 
"Esta declaración marca el comienzo de la participación de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos en la grave situación en Nicaragua", dijo el embajador estadounidense Carlos Trujillo tras la adopción del texto, enfatizando que el régimen nicaragüense tiene la mayor responsabilidad de cumplir con lo establecido.
 
"Como hemos dicho en repetidas ocasiones, el régimen de Ortega debe ordenar a su policía que detenga la represión y respete los derechos humanos", enfatizó.
 
Trujillo llamó además al diálogo para "revertir las medidas dictatoriales" de Ortega.
 
Por su parte, el representante alterno de Nicaragua, Luis Ezequiel Alvarado, instó a los nicaragüenses a recorrer los "caminos de la reconciliación y la unidad".
 
"Reiteramos el clamor del pueblo de Nicaragua, que reclama su derecho a la paz", añadió el representante del Gobierno del presidente Daniel Ortega.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La declaración exige "el cese inmediato de los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidos contra el público en general".
 
También llama al Gobierno y a otros actores sociales a participar "constructivamente en negociaciones pacíficas para fortalecer las instituciones democráticas y la celebración de elecciones libres, justas y oportunas".
 
"Nicaragua está en un punto muy distinto al de Venezuela, que ya cruzó una línea roja. Vemos por lo menos una voluntad de realizar reformas democráticas y cumplir con los pedidos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)", dijo a la AFP una funcionaria estadounidense.
 
El documento invita a la CIDH a informar "tan pronto como sea posible" al consejo permanente de la OEA sobre los resultados y conclusiones de la visita de trabajo, realizada en mayo.
 
La CIDH, ente autónomo de la OEA, emitió entonces 15 recomendaciones, entre ellas el "cese inmediato de la represión" y el respeto a la vida de todos los manifestantes, "en especial estudiantes".
 
Sin embargo, la declaración no condena explícitamente al Gobierno de Ortega por los abusos de la fuerza pública y grupos armados afines, ampliamente denunciado por organizaciones de derechos humanos. 
 
"No hay un reconocimiento de la responsabilidad del Estado en la comisión de gravísimas violaciones de los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, detenciones arbitrarias y muchas más", dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI).
 
Un informe de AI señala que "el Gobierno nicaragüense ha utilizado grupos armados o parapoliciales" que actúan en coordinación con las autoridades para reprimir en ocasiones de manera "letal" contra los manifestantes.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
AFP
La asamblea anual de la OEA condenó el martes 5 de junio de 2018 la violencia que sacude a Nicaragua desde hace casi dos meses y que deja más de un centenar de muertos, pero sin responsabilizar al Gobierno de Daniel Ortega por la represión a manifestantes.
 
La "Declaración de apoyo al pueblo de Nicaragua" fue presentada por Estados Unidos y por el propio Gobierno nicaragüense, y contó con el respaldo de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica y Perú. 
El documento fue aprobado sin oposición en el plenario del organismo. 
"Esta declaración marca el comienzo de la participación de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos en la grave situación en Nicaragua", dijo el embajador estadounidense Carlos Trujillo tras la adopción del texto, enfatizando que el régimen nicaragüense tiene la mayor responsabilidad de cumplir con lo establecido. 
"Como hemos dicho en repetidas ocasiones, el régimen de Ortega debe ordenar a su policía que detenga la represión y respete los derechos humanos", enfatizó.
 
Trujillo llamó además al diálogo para "revertir las medidas dictatoriales" de Ortega.
 
Por su parte, el representante alterno de Nicaragua, Luis Ezequiel Alvarado, instó a los nicaragüenses a recorrer los "caminos de la reconciliación y la unidad".
 
"Reiteramos el clamor del pueblo de Nicaragua, que reclama su derecho a la paz", añadió el representante del Gobierno del presidente Daniel Ortega.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La declaración exige "el cese inmediato de los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidos contra el público en general".
 
También llama al Gobierno y a otros actores sociales a participar "constructivamente en negociaciones pacíficas para fortalecer las instituciones democráticas y la celebración de elecciones libres, justas y oportunas".
 
"Nicaragua está en un punto muy distinto al de Venezuela, que ya cruzó una línea roja. Vemos por lo menos una voluntad de realizar reformas democráticas y cumplir con los pedidos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)", dijo a la AFP una funcionaria estadounidense.
 
El documento invita a la CIDH a informar "tan pronto como sea posible" al consejo permanente de la OEA sobre los resultados y conclusiones de la visita de trabajo, realizada en mayo. 
La CIDH, ente autónomo de la OEA, emitió entonces 15 recomendaciones, entre ellas el "cese inmediato de la represión" y el respeto a la vida de todos los manifestantes, "en especial estudiantes".
 
Sin embargo, la declaración no condena explícitamente al Gobierno de Ortega por los abusos de la fuerza pública y grupos armados afines, ampliamente denunciado por organizaciones de derechos humanos.  
"No hay un reconocimiento de la responsabilidad del Estado en la comisión de gravísimas violaciones de los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, detenciones arbitrarias y muchas más", dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI). 
Un informe de AI señala que "el Gobierno nicaragüense ha utilizado grupos armados o parapoliciales" que actúan en coordinación con las autoridades para reprimir en ocasiones de manera "letal" contra los manifestantes.