Parlamento venezolano "desconoce" que Constituyente asumiera sus funciones

El Parlamento de Venezuela, de mayoría opositora, aprobó el 19 de agosto de 2017  un acuerdo en el que "rechaza y desconoce" la decisión -condenada internacionalmente- de la Asamblea Constituyente del presidente Nicolás Maduro de asumir sus competencias.

 

"La Asamblea Nacional acuerda rechazar y desconocer la pretensión de la ilegítima Asamblea Constituyente de usurpar las funciones legislativas que corresponden a este cuerpo parlamentario", señala al texto.

 

Los diputados acordaron además "denunciar ante la comunidad internacional la violación de los derechos políticos de los venezolanos".

 

"Ratificamos el compromiso con el pueblo de esta Asamblea Nacional de mantenerse firme en la defensa de los valores democráticos", añade el documento. 

 

Minutos después, la presidente de la poderosa Asamblea Constituyente, la excanciller Delcy Rodríguez, negó en rueda de prensa que el Parlamento haya sido disuelto. 

 

"Es mentira que están disueltos, hoy estaban sesionando. La Asamblea Nacional Constituyente le dijo al viejo Parlamento que tienen que trabajar respetando la Constitución, convivir y coexistir respetando al poder constituyente originario", expresó.

 

Según el diputado Freddy Guevara, vicepresidente del Legislativo, el principal objetivo de la Constituyente al asumir las competencias del Parlamento es aprobar contratos y obtener financiamientos de otros países, en medio de la severa crisis económica que atraviesa Venezuela, agravada por la caída de los precios del petróleo, fuente de 96% de sus divisas. 

 

"No avalaremos contratos que violen la Constitución", advirtió. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado de servir al gobierno, declaró en "desacato" al Parlamento y anula todas sus decisiones.

 

El viernes la Asamblea Constituyente, que rige Venezuela con poderes absolutos, acordó por unanimidad asumir las competencias del Parlamento para legislar en materia de seguridad, soberanía, economía, finanzas, bienes del Estado y otros aspectos.

 

- "Histeria internacional" -

 

A la sesión de este sábado acudieron un puñado de representantes del cuerpo diplomático, a invitación de los diputados opositores.

 

Asistieron representantes de la Unión Europea, Guatemala, Brasil, Japón, Chile, Países Bajos, Alemania, Italia, Polonia, Austria, Argentina, Francia, España, Reino Unido, Portugal, Canadá, Estados Unidos, México y Perú.

 

El líder opositor, Henrique Capriles, pidió a la Organización de Estados Americanos y "demás instancias internacionales (...) asumir que en Venezuela hay un autogolpe continuado". 

 

La decisión de la Constituyente generó un fuerte rechazo internacional. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, la consideró "ilegítima e inconstitucional" y pidió con urgencia una reunión especial del organismo. 

 

El llamado grupo de Lima -Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú- expresó en una nota su "enérgica condena" a la decisión de la Constituyente de "usurpar las competencias" del Parlamento. 

 

Nueve jefes parlamentarios de esos países calificaron la decisión como una "ruptura de la democracia". El Mercosur, Estados Unidos, España y Reino Unido también se unieron al rechazo.

 

"Todos los desmanes que ellos (los opositores) hacen en Venezuela pretenden suplirlos con la histeria internacional de los poderes fácticos mediáticos", respondió la presidente de la Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez.

 

- Un "cierre técnico" -

 

Mientras la Constituyente tomó su polémica decisión, la rebelde exfiscal general, Luisa Ortega, llegó a Bogotá burlando la prohibición de salir del país, acompañada de su esposo, el diputado Germán Ferrer, ambos chavistas disidentes.

 

El nuevo fiscal designado por la Constituyente, Tarek William Saab, abrió una investigación contra Ferrer, al que el oficialismo acusa de formar parte de una "red de extorsión".

 

La Constituyente, cuya primera decisión al instalarse hace dos semanas fue destituir a Ortega, le retiró al diputado su inmunidad parlamentaria y el TSJ, la máxima corte del país, ordenó su captura. 

 

Antes de que se confirmara su llegada a Bogotá, Ortega participó en una cumbre de fiscales en Puebla, México, a través de un audio en el que vinculó a Maduro con el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.

 

La exfiscal se separó de Maduro a finales de marzo luego de calificar de "ruptura del orden constitucional" decisiones con las que el TSJ despojó de competencias al Parlamento. Tras una dura condena internacional, esas decisiones se revirtieron.

 

El politólogo Luis Salamanca afirmó que "era esperable" que la Constituyente asumiera las competencias del Parlamento, aunque el oficialismo no se atreviera a declarar su "clausura definitiva". 

 

"Sería un acto dictatorial crudo y duro. Lo que ocurrió es un cierre técnico de la Asamblea. El gobierno ha usurpado la soberanía popular, liquida la democracia", dijo a la AFP.